El Gobierno reconfigura la Justicia: más jueces sin oposición y menos control meritocrático
El Consejo de Ministros aprueba una ambiciosa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que reconfigura el acceso a la carrera judicial y fiscal, amplía el controvertido “cuarto turno”, modifica el proceso de selección de jueces, blinda al Fiscal General del Estado y redefine las reglas internas de las Salas de Gobierno de los tribunales. Una sacudida institucional de amplio calado, bajo la bandera de la modernización, que ha despertado inquietudes en la comunidad jurídica y una fuerte contestación política, según publica OkDiario.
Un cuarto turno con sabor a designación política
La reforma de la LOPJ, promovida por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, eleva al 25% la cuota de jueces y fiscales que podrán acceder por la vía del cuarto turno, reservada a juristas de reconocido prestigio. Este mecanismo, hasta ahora marginal —solo el 8% del total lo utiliza—, abre la puerta a nombramientos más permeables a la afinidad ideológica, lo que ha generado acusaciones de politización del Poder Judicial por parte de la oposición.
Este aumento supone que uno de cada cuatro nuevos jueces y fiscales no pasará por la oposición clásica, lo que para el Ejecutivo permitirá solventar la situación de interinidad de muchos jueces sustitutos. Sin embargo, las asociaciones judiciales alertan de un “riesgo sin precedentes de colonización del poder judicial”.
Cambios en el acceso: menos memoria, más discrecionalidad
Otra de las novedades más significativas de la reforma es la eliminación de la tradicional prueba oral, sustituida por un caso práctico escrito. El examen, según el Ejecutivo, busca evaluar la aplicación práctica del Derecho y no sólo la capacidad memorística. Será anónimo y contará con becas de estudio para garantizar el acceso a las clases más desfavorecidas.
No obstante, las críticas apuntan a una menor transparencia y objetividad, ya que el nuevo sistema dificulta la trazabilidad del mérito y la capacidad, pilares de la independencia judicial.
Las Salas de Gobierno, rediseñadas con criterios políticos
La reforma también altera el funcionamiento de las Salas de Gobierno de los tribunales, órganos internos que administran el funcionamiento judicial diario. Se reduce el mandato de cinco a tres años, se impone el voto telemático —exigencia de las asociaciones progresistas—, y se restringe el número de votos por elector a uno solo (frente a los seis anteriores), limitando la pluralidad en la elección.
Además, se prohíbe la financiación privada de las asociaciones judiciales, lo que compromete su autonomía económica y, según denuncian desde estas organizaciones, “pretende silenciar la disidencia interna”.