El Gobierno permite la semilibertad a Txeroki sin colaboración, sin arrepentimiento y sin castigo cumplido
El Gobierno vasco ha dado un paso más en la controvertida política penitenciaria hacia los antiguos miembros de ETA al conceder al exjefe militar de la banda, Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, un régimen de semilibertad que le permitirá salir de prisión de lunes a viernes, regresando únicamente a dormir en la cárcel de Martutene (San Sebastián). La medida, aplicada bajo el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, no equivale a un tercer grado, sino que se presenta como una fase intermedia de "preparación" para la reinserción social cuando la condena ya está muy avanzada.
Txeroki, nacido en Bilbao en 1973 y considerado durante años el máximo responsable del aparato militar de ETA hasta su detención en Francia en 2008, acumula condenas que superan los 400 años de prisión en España por múltiples atentados. Entre ellos destacan el intento de asesinato contra la entonces teniente de alcalde de Portugalete, Esther Cabezudo (377 años en 2011), un coche bomba en Oropesa del Mar (9 años en 2015) y el envío de un paquete bomba a la delegada de Antena 3 en el País Vasco, María Luisa Guerrero (18 años en 2018). Aunque se le relacionó con otros crímenes graves, como el atentado de la T4 del aeropuerto de Barajas en 2006 —que rompió el proceso de diálogo con el Gobierno de Zapatero— o el asesinato del juez José María Lidón, en algunos casos fue absuelto por falta de pruebas.Tras cumplir parte de su pena en prisiones francesas, Txeroki fue trasladado en 2024 a Martutene.
La Junta de Tratamiento de la prisión propuso esta modalidad, que exige al interno presentar un plan de ejecución con horarios de trabajo o voluntariado. Fuentes del Departamento vasco de Justicia y Derechos Humanos insisten en que se trata de una fórmula habitual en fases avanzadas de cumplimiento y que rara vez se revoca. La decisión final depende del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, tras un informe no vinculante de la Fiscalía.La noticia ha desatado una oleada de críticas, especialmente desde el colectivo de víctimas del terrorismo.
Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, ha calificado la medida como una "amnistía encubierta" absolutamente incompatible con el derecho de las víctimas a la justicia y contraria al ordenamiento jurídico. Ordóñez denuncia que esta política penitenciaria del Gobierno vasco (en manos del PNV con apoyo de Bildu en legislatura anterior o actual) representa la culminación de las exigencias pendientes de la izquierda abertzale: "vaciar las cárceles", en sus propias palabras.
El colectivo reclama mayor transparencia y urge a la Fiscalía a recurrir para impedir que Txeroki salga a la calle.Desde el Partido Popular, la reacción ha sido aún más dura. La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha tildado esta concesión de "la amnistía más inmoral" otorgada por Pedro Sánchez para mantenerse en el poder, atribuyéndola a un "pacto encapuchado" entre el sanchismo y Bildu, los herederos de ETA. Gamarra ha destacado que Txeroki sale sin arrepentimiento, sin colaboración con la justicia y sin haber cumplido ni una fracción significativa de su condena.
En los comentarios de lectores en medios digitales, el tono es de indignación y frustración. Algunos usuarios piden ironías crueles o castigos equivalentes a los sufridos por las víctimas, recordando casos como el secuestro de Ortega Lara, mientras otros ven en esto una prueba más de que el fin de ETA se negoció con concesiones que las víctimas consideran inaceptables.Este caso reaviva el debate sobre la reinserción de exmiembros de ETA, el papel de las instituciones autonómicas en la ejecución penitenciaria y el equilibrio entre derechos de los reclusos y memoria de las víctimas. Mientras Txeroki prepara su salida diurna, muchas familias siguen esperando justicia plena por los más de 800 asesinatos que ETA cometió durante décadas.