El Gobierno de Sánchez confiesa que suministró millones de mascarillas a punto de caducar
El Ejecutivo ha reconocido que durante la pandemia distribuyó más de 104 millones de mascarillas quirúrgicas a punto de caducar, según ha revelado The Objective en una información basada en documentos oficiales. El hecho, ocultado hasta ahora, queda recogido en una comunicación escrita de la actual ministra de Sanidad, Mónica García, enviada como respuesta a un informe del Tribunal de Cuentas.
Según esta documentación, el 12 de abril de 2022 —cuando aún estaba vigente la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores y el Ministerio estaba bajo la dirección de Carolina Darias— se ordenó el envío de 104.814.000 unidades a Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno para su distribución entre ayuntamientos y entidades sociales. Tan solo dos semanas después, Sanidad descubrió que estas mascarillas estaban a punto de caducar, ya que expiraban en junio de ese mismo año.
“La gran mayoría ya se había enviado”, reconoce el Ministerio, lo que convirtió la recuperación del material en una tarea complicada y prolongada. The Objective explica que en algunos casos las mascarillas ya habían sido entregadas a los destinatarios finales y estaban en uso.
Sanidad admite problemas de control y trazabilidad
La ministra Mónica García ha explicado al Tribunal de Cuentas que este error provocó un desfase contable de 6,6 millones de mascarillas entre las existencias registradas y las que se afirmaba haber repartido. De esa cifra, 6,1 millones corresponden a productos suministrados por la empresa FCS Select Products S.L., una firma catalana que multiplicó por 200 su facturación durante la pandemia tras obtener cuatro contratos millonarios por valor de 263 millones de euros, bajo el mandato de Salvador Illa en Sanidad.
La ministra intenta restar importancia al desfase, argumentando que representa apenas el 0,9% del total de mascarillas adquiridas, y achaca los errores a posibles “desajustes en hojas de cálculo” por parte de la empresa adjudicataria del servicio logístico. Además, reconoce que no se diseñó una trazabilidad perfecta del material, ya que se daba por hecho que esa tarea recaía en el sistema interno del operador logístico.
Un material defectuoso y repartido
Según The Objective, 77,9 millones de las mascarillas enviadas a punto de caducar procedían de FCS Select, la empresa investigada por la Fiscalía Anticorrupción y sancionada por no presentar sus cuentas ante el Registro Mercantil. El Gobierno admite que no fue posible recuperar todo el material, ya que en muchos casos ya había sido repartido y consumido dentro del periodo de caducidad, aunque muy próximo al límite.
Además, el Ministerio ha subrayado en su respuesta que la operación de retirada y sustitución fue “especialmente difícil”, al tratarse de un volumen masivo de productos repartidos en todo el territorio nacional. La situación podría haber puesto en riesgo la seguridad sanitaria de miles de personas, especialmente en un contexto aún crítico de pandemia.
Este nuevo episodio, revelado por The Objective, profundiza en las sombras que rodean a la gestión sanitaria del Gobierno durante la pandemia, y en particular en la etapa dirigida por Carolina Darias. Las irregularidades logísticas, los contratos con empresas de dudosa solvencia y la falta de transparencia y trazabilidad en los suministros siguen generando preguntas, ahora también con posibles consecuencias legales y políticas.
La información publicada pone el foco en un nuevo caso de mala gestión sanitaria, donde más de 100 millones de mascarillas al borde de su caducidad fueron repartidas sin control por parte del Ministerio. Mientras tanto, el Tribunal de Cuentas sigue analizando las cifras y el Gobierno intenta minimizar un escándalo que sigue creciendo.