El Gobierno carga contra las universidades privadas... tras formarse en ellas

En política, como en ética, hay algo peor que el error: la incoherencia consciente. Cuando una administración demoniza públicamente a una institución mientras ha bebido de ella en privado, no sólo cae en contradicción. Se deslegitima. Y en este caso, el Gobierno de Pedro Sánchez ha cruzado esa frontera con paso firme y retórica vehemente.

El lunes, desde un escenario cuidadosamente escenificado bajo el lema “En defensa de una universidad de calidad, clave para el ascensor social”, el presidente del Gobierno anunció la tramitación de un real decreto que endurecerá las condiciones para la creación de universidades privadas en España. Lo hizo envuelto en una narrativa de justicia social, frente a un supuesto modelo de élites que “compran títulos” al margen del mérito.

Pero esa defensa de lo público como único garante de equidad educativa colisiona frontalmente con la propia biografía académica del Ejecutivo. Según datos publicados por El Debate, la mitad del Consejo de Ministros —incluido el propio Sánchez— ha cursado estudios, posgrados o colaborado activamente con instituciones privadas.

Pedro Sánchez, por ejemplo, se doctoró en la Universidad Camilo José Cela, una entidad privada, tras haberse licenciado en el Real Centro Universitario María Cristina, también de carácter privado aunque adscrito a la Complutense. La vicepresidenta María Jesús Montero, autora de algunas de las soflamas más beligerantes contra la universidad privada —a la que calificó de “amenaza para la clase trabajadora”—, cursó estudios en la Escuela de Alta Dirección y Administración (EADA), una fundación privada de posgrado. Y así, sucesivamente.

Yolanda Díaz completó su formación con estudios en una institución privada vinculada a la patronal gallega. José Manuel Albares, titular de Exteriores, se licenció en la Universidad de Deusto, regida por la Compañía de Jesús y reconocida entre las mejores universidades privadas del país. Grande-Marlaska hizo lo mismo. Félix Bolaños, aunque egresado de la pública Complutense, ha sido docente en IE Law School, uno de los más prestigiosos centros de educación jurídica privada del país.

La lista se extiende —con nombres como Jordi Hereu (ESADE), Elma Saiz (Universidad de Navarra), Pablo Bustinduy (New School for Social Research, en Nueva York), y Ana Redondo (Instituto privado de estudios internacionales)— hasta rozar la mitad del gabinete.

El problema no es la universidad privada, es la hipocresía pública

El hecho de que numerosos responsables del Gobierno hayan optado por centros privados no es, por supuesto, motivo de reproche. Elegir lo privado no contradice la defensa de lo público, cuando ambas opciones se ejercen dentro de un sistema de libertades. La diversidad educativa es, en sí misma, una expresión de pluralismo.

Lo escandaloso no es la elección personal. Lo escandaloso es demonizar una opción de la que se ha beneficiado uno mismo, con el único objetivo de levantar un discurso político de falsa superioridad moral. Si lo privado es un cáncer elitista, ¿qué hacía la ministra de Hacienda en una escuela de posgrado privada? Si el mérito sólo se cultiva en la universidad pública, ¿por qué tantos ministros han pulido su currículum en aulas privadas?

Un decreto con carga ideológica

Más allá de la retórica, el decreto anunciado por Sánchez traza una ofensiva ideológica que recuerda peligrosamente a la tentación estatista de confundir lo público con lo único legítimo. No se trata de elevar los estándares —algo que las mejores universidades privadas ya cumplen con creces—, sino de obstaculizar la competencia desde la desconfianza.

La universidad privada en España representa apenas un 13% del total de estudiantes, pero genera el 25% de la inversión en I+D del sistema universitario. Algunas de ellas —ESADE, Deusto, IE, Navarra— figuran en rankings internacionales. Convertirlas en sospechosas por sistema es miope, injusto y contraproducente.

El Gobierno como reflejo de sus propias contradicciones

En última instancia, el Gobierno no puede erigirse en cruzado contra lo privado mientras su historia personal y profesional desmiente el discurso oficial. La defensa de la equidad educativa no pasa por criminalizar al sector privado, sino por exigir excelencia y transparencia a todos los modelos. Lo demás es populismo revestido de pedagogía social.