García Ortiz maniobra para blindarse: coloca a un fiscal afín con competencias sobre su caso

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha vuelto a situarse en el centro de la controversia tras proponer al fiscal Emilio Sánchez Ulled, considerado afín a su línea, para ocupar una nueva plaza de fiscal de sala coordinador de delitos contra la administración pública. Este puesto, de reciente creación, tendrá entre sus funciones fijar criterio sobre delitos como el de revelación de secretos, tipificación por la que el propio García Ortiz está siendo investigado por el Tribunal Supremo, segín informa El Debate.

La decisión, que ha sido adoptada tras el Pleno del Consejo Fiscal celebrado este martes, ha suscitado duras críticas por parte de las asociaciones mayoritarias de fiscales, en especial la Asociación de Fiscales (AF), que junto con la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), se ha negado a votar en lo relativo a este nombramiento. Solo la Unión Progresista de Fiscales (UPF) –afín al fiscal general– y los vocales natos del Consejo han respaldado la propuesta.

Un puesto polémico, una elección cuestionada

El cargo de fiscal de sala coordinador de delitos contra la administración pública es, según fuentes del Ministerio Público, una figura destinada a unificar criterios entre los fiscales especialistas en este ámbito. Sin embargo, su creación ya fue rechazada el pasado octubre por los vocales de la AF y de la APIF, al considerar que su función solapa competencias con la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Alejandro Luzón. Desde entonces, se ha cuestionado la verdadera finalidad de esta figura, que algunos interpretan como una maniobra de control interno en un contexto de creciente tensión dentro de la carrera fiscal.

La propuesta de Emilio Sánchez Ulled, quien ya lideró la acusación en causas clave como el caso Palau de la Música o el 9-N, ha sido interpretada por diversos sectores como un nombramiento “a medida” en un momento crítico para García Ortiz, quien se enfrenta a una investigación judicial por revelación de secretos.

La AF acusa de “falta de ética y estética”

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, fue contundente: “No resulta ni ético ni estético que el fiscal general proponga un nombramiento para un puesto que tendrá competencia sobre el delito que le afecta directamente”. La AF había instado formalmente a García Ortiz a abstenerse de intervenir en esta propuesta, advirtiendo del evidente conflicto de intereses.

No obstante, García Ortiz ha desoído la petición y defendido su posición, alegando que no concurre interés personal alguno, dado que el nuevo fiscal de sala no ejercerá funciones jurisdiccionales, es decir, no intervendrá directamente en procedimientos judiciales, sino que se limitará a tareas de coordinación.

División dentro del Ministerio Público

El choque ha vuelto a poner de manifiesto la profunda división interna dentro de la Fiscalía General del Estado. Mientras que la mayoría de las asociaciones fiscales se oponen frontalmente al nombramiento, la UPF y los vocales natos lo han respaldado, evidenciando un desequilibrio institucional cada vez más notorio.

Desde la UPF se insiste en que no existe conflicto alguno, y que el nuevo fiscal de sala no tendrá una función operativa sino técnica y consultiva. Según esta interpretación, la coordinación no interfiere en la actuación de los fiscales de Anticorrupción, que continúan siendo los encargados de investigar y acusar directamente en los procedimientos judiciales.