Gallardo, denunciado por cohecho y fraude por blindarse judicialmente tras el escándalo del hermano de Sánchez
Miguel Ángel Gallardo, jefe del hermano de Pedro Sánchez, es denunciado por cohecho y fraude procesal tras maniobrar para aforarse antes de ser procesado por tráfico de influencias
El sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia por los delitos de cohecho y fraude procesal contra Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y hasta hace pocas semanas jefe directo de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La denuncia, registrada ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), acusa a Gallardo de haber maniobrado políticamente para obtener aforamiento y así eludir su juzgado natural, que ya le había procesado por prevaricación y tráfico de influencias.
Una maniobra rápida para blindarse judicialmente
Según el texto de la denuncia, al que ha tenido acceso El Debate, Gallardo se habría beneficiado de un acuerdo político exprés dentro del PSOE que implicó la dimisión de cuatro diputados de la Asamblea de Extremadura, lo que le permitió acceder al escaño número cinco de la lista electoral autonómica y, con ello, lograr el aforamiento parlamentario. Esta operación, señala el sindicato, se diseñó con la implicación directa de José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura y persona de máxima confianza del presidente Pedro Sánchez.
La denuncia afirma que esta actuación se ejecutó “de una manera grosera, incuestionable, burda e indecente”, con el objetivo de modificar el tribunal que debía juzgarlo —en este caso, la magistrada Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz— por un órgano más favorable, el TSJEx.
Implicaciones adicionales: cohecho y colaboración necesaria
Además de Gallardo, la denuncia incluye como “cooperadora necesaria” a Maricruz Rodríguez, diputada socialista que renunció a su escaño en la Asamblea supuestamente a cambio de ser nombrada subdelegada del Gobierno en Extremadura.
El documento añade que, para que Gallardo pudiera ocupar el escaño, otros cuatro candidatos anteriores en la lista electoral debieron renunciar voluntariamente. “A la fecha no se sabe qué dádiva ha podido ofrecer a esos cuatro candidatos”, subraya el texto, dejando abierta la puerta a nuevas investigaciones.
Críticas a la legalidad y legitimidad del tribunal designado
La denuncia cuestiona que esta maniobra no solo tenga una dimensión legal, sino también ética y constitucional, al eludir el principio del “juez natural predeterminado por la ley”. En palabras de Manos Limpias:
“Burlar el tribunal natural supone no creer en su imparcialidad, pensando que le pueda condenar. Acudir al TSJEx es buscar deliberadamente un escenario judicial distinto”.
Según el sindicato, la operación busca garantizar la absolución o al menos, dilatar el procedimiento judicial, en un caso que ya ha generado importantes consecuencias políticas y mediáticas.
Enchufismo y tráfico de influencias
Miguel Ángel Gallardo está procesado por su papel en la creación y adjudicación de un puesto público a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente. Según la magistrada instructora, existen indicios de que el cargo fue diseñado ad hoc, con un proceso de selección simulado para adjudicarle la plaza de coordinador de actividades musicales en la Diputación de Badajoz.
La juez Beatriz Biedma determinó que el caso reunía los requisitos para ser elevado a juicio oral, por lo que el intento de alterar la jurisdicción mediante el aforamiento ha sido interpretado por el sindicato como fraude procesal encubierto bajo apariencia de legalidad.
La denuncia contra Miguel Ángel Gallardo añade un nuevo capítulo judicial al conocido como “caso del hermanísimo”, que ya ha derivado en imputaciones contra David Sánchez y en un creciente escándalo institucional por presunto enchufismo y manipulación del aparato público. El intento de obtener aforamiento a través de renuncias orquestadas y pactos internos del PSOE podría suponer, si prospera judicialmente, una doble imputación por cohecho y fraude procesal, con derivadas aún por explorar.
El caso vuelve a poner bajo el foco la relación entre estructura partidista, estrategia jurídica y blindaje institucional, con potenciales implicaciones para la credibilidad del sistema democrático y la división de poderes en España.