Fracasa de nuevo el intento de oficializar el catalán, euskera y gallego en la UE
Sánchez aplaza otra vez la votación ante la falta de apoyos y choca con el rechazo de Luxemburgo, Polonia y Finlandia
El Gobierno de España ha vuelto a aplazar la votación para convertir el catalán, el euskera y el gallego en lenguas oficiales de la Unión Europea, tras constatar que la propuesta no cuenta con los apoyos necesarios entre los Veintisiete. La decisión se produjo durante la reunión del Consejo de Asuntos Generales de este viernes, en la que el Ejecutivo, por segunda vez en apenas dos meses, evitó someter a votación una iniciativa abocada al fracaso.
La información, publicada por El Debate, confirma que España retiró la propuesta in extremis para no sufrir una nueva derrota, como ya ocurrió en mayo. La causa principal sigue siendo la oposición de varios países miembros, que consideran inviable el reconocimiento oficial sin una reforma previa de los tratados comunitarios.
Reticencias generalizadas y advertencia desde Luxemburgo
Entre los Estados que han mostrado públicamente su rechazo se encuentran Luxemburgo, Polonia y Finlandia. El ministro de Exteriores luxemburgués, Xavier Bettel, advirtió que no es el momento adecuado para abrir este debate. El Gobierno español, pese a ofrecerse a asumir íntegramente el coste económico de la oficialidad —unos 132 millones de euros anuales—, no ha logrado convencer a sus socios.
El secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, apeló a la buena voluntad de los Estados miembros para no “retrasar innecesariamente” la demanda española, pero su solicitud no tuvo el efecto deseado.
Una “oficialidad light” para salvar el gesto político
Para intentar avanzar, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha ido rebajando progresivamente sus pretensiones: propone que la oficialidad no se aplique hasta 2027 y que se limite a reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, lo que representa menos del 3 % del total de actos jurídicos europeos. Además, España ha ofrecido un marco de condiciones para evitar que otras lenguas minoritarias reclamen el mismo estatus, como que sean lenguas de trabajo en el Parlamento nacional y que tengan al menos 40 años de oficialidad ininterrumpida.
Esta política de concesiones lingüísticas responde al pacto entre el Gobierno y Junts per Catalunya para facilitar la investidura de Francina Armengol como presidenta del Congreso, y forma parte del delicado equilibrio parlamentario que sostiene a Pedro Sánchez en el poder.