Fotos, correos y reuniones: las piezas del rompecabezas que arrinconan a la mano derecha de Begoña

El juez Juan Carlos Peinado, instructor del llamado «caso Begoña Gómez», cuenta ya con un conjunto de indicios que le han permitido ampliar el foco de la investigación más allá de la esposa del presidente del Gobierno y situar también bajo sospecha a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación. Esta imputación fue avalada por la Audiencia Provincial de Madrid el pasado mes de diciembre, reforzando así la línea de investigación abierta por el magistrado, según publica VozPopuli.

Peinado investiga si Álvarez se extralimitó en el ejercicio de sus funciones públicas para favorecer, presuntamente, el plan delictivo atribuido a Begoña Gómez en un posible delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos hacia intereses privados. Con este objetivo, el juez lleva meses recopilando documentación y trasladándola a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de elaborar los informes técnicos que sustentan la instrucción.

Reuniones técnicas y desarrollo del software

El último encargo del magistrado a la UCO se ha producido esta misma semana, tras conocerse que la asesora de Moncloa participó en reuniones de carácter técnico relacionadas con el desarrollo del software de la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid y que, según se investiga, habría acabado apropiándose de ese proyecto.

La empresa Making Science entregó al juzgado un documento en el que se detalla la participación de Cristina Álvarez en tres reuniones técnicas, en las que estuvieron presentes ingenieros, jefes de proyecto e informáticos responsables del desarrollo del software. La primera de ellas tuvo lugar el 11 de enero de 2023 con la empresa Lefebvre y contó también con la asistencia de dos representantes de Deloitte. En ese encuentro se abordaron distintos aspectos técnicos del avance del proyecto. La segunda reunión se celebró el 3 de marzo de 2023, centrada en la resolución de dudas sobre el desarrollo. La tercera tuvo lugar el 7 de febrero de 2024, ya en la sede de Making Science, donde se planteó continuar el proyecto en una segunda fase. Tras enviar un presupuesto, la empresa no volvió a recibir respuesta.

Correos electrónicos y gestión económica

Indra, otra de las compañías que aportó fondos para el desarrollo del software, remitió al juez un listado de 38 correos electrónicos en los que Cristina Álvarez figura como remitente, destinataria o en copia. Estos mensajes, que abarcan tanto su cuenta personal como la vinculada a la Presidencia del Gobierno, están siendo analizados por la Guardia Civil, por lo que su contenido aún no ha trascendido.

Además, la UCO ya reveló el pasado mes de septiembre que Álvarez intervino en la gestión económica de la cátedra, tras examinar los correos intercambiados con el entonces vicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio. Entre ellos destaca un mensaje enviado el 16 de febrero de 2022, en el que la asesora remitía un borrador de acuerdo con Mindway Ecosystems y señalaba que, en caso de obtener beneficios, esta empresa debía aportar el 10% a la Cátedra de Transformación Social Competitiva.

Recursos públicos bajo sospecha

El juez también dispone de numerosas fotografías aportadas por la asociación Hazte Oír, que sostiene que desde al menos julio de 2018 se habrían utilizado recursos públicos, personal, agenda institucional y medios logísticos para favorecer intereses profesionales privados vinculados a Begoña Gómez.

La causa, que se inició en abril de 2024 tras una denuncia de Manos Limpias, se encuentra en su fase final de instrucción. Peinado tiene de plazo hasta abril para concluir la práctica de testificales y diligencias, y según fuentes jurídicas su intención es no prorrogar nuevamente la investigación.

El magistrado aspira a dejar la causa cerrada antes de su jubilación, prevista para el 27 de septiembre, cuando cumplirá 72 años. Aunque la edad ordinaria de retiro judicial es de 70, la ley permite prolongar el servicio dos años más, opción que Peinado ha agotado con el objetivo de concluir personalmente una de las investigaciones más sensibles de su carrera.