La Fiscalía de Valencia abre diligencias contra el exconcejal de Vox Juan Badenas
La Fiscalía Provincial de Valencia ha decidido abrir una investigación contra Juan Manuel Badenas, exconcejal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, por su vinculación con los contratos adjudicados desde la fundación municipal Valencia Activa al Instituto Mediterráneo de Desarrollo Sostenible (Imedes). Esta empresa, dirigida por Javier Cebrián, esposo de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.
La denuncia fue presentada ante la Justicia por los portavoces municipales del PSOE, Borja Sanjuán, y de Compromís, Papi Robles, quienes alertaron de presuntas irregularidades en las adjudicaciones. Ahora, la Fiscalía ha determinado que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación (art. 404), malversación (art. 432), negociaciones prohibidas a funcionarios públicos (art. 439) y falsedad documental (arts. 395 y 396) del Código Penal.
Investigación en profundidad
La Fiscalía ha ordenado la práctica de todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. No se descarta que la causa pueda ser asumida por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, dada la gravedad de las acusaciones.
Vox decidió inhabilitar a Badenas tras conocerse la adjudicación de los contratos, lo que lo ha dejado fuera del equipo de gobierno. Sin embargo, el exedil se mantiene como concejal no adscrito. En una rueda de prensa celebrada el pasado 13 de marzo, Badenas reconoció que otorgó un contrato antes de completarse los trámites en el Portal de Contratación del Sector Público. Según sus declaraciones, el 30 de julio de 2024, ya se había adjudicado el contrato a Imedes, a pesar de que la resolución oficial se emitió el 24 de julio de 2024.
Irregularidades en la adjudicación
Sin embargo, expertos en contratación pública aseguran que este argumento carece de validez, ya que el proceso de adjudicación no concluye con la publicación de las puntuaciones de los aspirantes. Según la Ley de Contratos del Sector Público (2017, arts. 150 y 151), tras la resolución, debe transcurrir un plazo obligatorio de diez días hábiles en el que la empresa ganadora presenta la documentación exigida y las entidades no seleccionadas pueden impugnar el procedimiento.
La investigación en curso será clave para determinar si existió una concesión irregular de contratos públicos y si se han vulnerado las normativas de transparencia y buen gobierno. De confirmarse los indicios, Badenas podría enfrentarse a graves consecuencias legales, lo que supondría un nuevo golpe para Vox en su gestión municipal.