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La Fiscalía del Supremo solicita archivar la querella contra Conde-Pumpido por la Ley de Amnistía

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, durante un acto. / Eduardo Parra
La querella presentada por Manos Limpias contra los magistrados del Tribunal Constitucional por su decisión sobre la Ley de Amnistía podría ser archivada, después de que la Fiscalía del Supremo solicitara su inadmisión

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado el archivo de la querella por prevaricación presentada por el sindicato Manos Limpias contra el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, y otros cinco magistrados del alto tribunal, quienes avalaron la Ley de Amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. La teniente fiscal del Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, ha argumentado que la querella debe ser inadmitida porque no hay base penal suficiente para investigar a los magistrados.

Posicionamiento de la Fiscalía

En su escrito, la teniente fiscal sostiene que la querella presentada por Manos Limpias "choca frontalmente" con lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Este artículo señala que las resoluciones del TC no pueden ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado. Sánchez Conde considera que no hay base para investigar a los jueces que emitieron la sentencia sobre la amnistía, afirmando que la actuación de los magistrados está protegida por este principio de inmunidad judicial.

La querella de Manos Limpias

La querella presentada por Manos Limpias no cuestiona directamente el contenido de la sentencia del TC, sino que acusa a los magistrados de haber tomado la decisión de forma irregular, priorizando intereses políticos sobre los principios constitucionales. El sindicato sostiene que los magistrados actuaron "con antelación al debate interno" y que su decisión fue "objetivamente insostenible" y alejada de la legalidad.

Manos Limpias también cita en su querella un voto particular de la magistrada Concepción Espejel, quien argumentó que la sentencia fue adoptada antes de lo debatido internamente, lo que refuerza la hipótesis de que la decisión estaba premeditada. El sindicato considera que este comportamiento de los magistrados "no responde a un análisis técnico-jurídico, sino a motivaciones político-partidistas", lo que según ellos vulnera el principio de legalidad y el Estado de derecho.

Principios constitucionales en juego

Manos Limpias subraya que la decisión del TC ha vulnerado varios principios esenciales de la Constitución Española. Los más destacados son:

  • Principio de igualdad: al aplicar la amnistía de forma selectiva a un grupo político concreto, lo que sería discriminatorio.

  • Seguridad jurídica: al dar efectos retroactivos a la ley en beneficio de los promotores de la amnistía.

  • Separación de poderes: al sustituir la función jurisdiccional por una decisión legislativa autoexculpatoria.

  • Principio de legalidad penal: al dejar sin efecto sentencias firmes mediante una ley posterior.

El sindicato también ha hecho referencia al Tratado de la Unión Europea, especialmente al artículo 19, que exige a los Estados miembros garantizar el respeto al Estado de derecho.

Defensa de Conde-Pumpido

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha recibido ya varios respaldos institucionales en relación con su actuación en este caso. Esta querella es solo una de las más de media docena que se han presentado contra él en los últimos meses. Ninguna de ellas ha sido admitida a trámite hasta ahora.

En cuanto a la teniente fiscal, su posición parece alinearse con el apoyo institucional que ha recibido Conde-Pumpido. En su escrito, Sánchez Conde argumenta que las resoluciones del TC no pueden ser enjuiciadas, y ha solicitado al Supremo que dicte una resolución aclarando la competencia de la Sala en este caso, y que archive las actuaciones por no constituir un delito.

¿Qué sigue ahora?

El Supremo deberá decidir si desestima la querella de Manos Limpias o si acepta investigar a los magistrados del TC que avalaron la Ley de Amnistía. Si el Supremo acepta investigar, sería la primera vez que se llevara a cabo una investigación de este tipo contra magistrados del Tribunal Constitucional en ejercicio de sus funciones.