La Fiscalía sanchista culpa a la Guardia Civil por “inferencias” en el informe contra García Ortiz
La Fiscalía ha arremetido contra la Guardia Civil por el informe que vincula al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso.
La Fiscalía ha arremetido contra el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la causa contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, acusándola de realizar “inferencias” que, según el Ministerio Público, son competencia de un juez y no de la policía.
El documento, al que ha tenido acceso EFE, atribuye a García Ortiz una “participación preeminente” en la filtración de correos electrónicos relacionados con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, sobre un presunto pacto fiscal con la Fiscalía. El contenido del informe ha sido revelado tras levantarse parcialmente el secreto de sumario, lo que ha generado una respuesta contundente por parte de la Fiscalía, que asegura que el informe “no aporta ninguna prueba”.
Disputa sobre las pruebas y las filtraciones
El informe de la UCO señala una primera filtración a los medios el 12 de marzo, cuando elDiario.es publicó detalles de una investigación contra González Amador. La Guardia Civil sostiene que los periodistas accedieron a la denuncia antes que el propio interesado. Sin embargo, fuentes fiscales argumentan que esta denuncia también estaba en poder del Decanato de Plaza de Castilla, Hacienda y la Fiscalía Superior de Madrid, subrayando que “dar una denuncia no es delito”.
La Fiscalía ha puesto el foco en otras publicaciones, como las de la Sexta, que considera anteriores a las de la Cadena SER, y ha defendido que los fiscales tienen una “obligación legal” de informar a sus superiores sobre casos relevantes.
El informe de la UCO bajo el escrutinio del Supremo
El Tribunal Supremo continúa investigando el papel de García Ortiz en la presunta filtración, mientras las tensiones entre la Fiscalía y la Guardia Civil se intensifican. La UCO, por su parte, insiste en que su informe refleja indicios sólidos, pero será el juez Ángel Hurtado quien valore finalmente las pruebas y determine si existen responsabilidades penales contra el fiscal general del Estado.
Esta disputa resalta las crecientes tensiones entre instituciones en el caso, mientras las investigaciones avanzan en medio de la expectación mediática y política.