La Fiscalía respalda investigar a Leire Díez por presunto tráfico de influencias y cohecho
La Fiscalía de Delitos Económicos ha avalado la apertura de una investigación penal contra Leire Díez, exmilitante del PSOE y antigua teniente de alcalde en Vega de Pas (Cantabria), por unos audios comprometedores en los que, presuntamente, ofrecía favores judiciales a cambio de información sensible sobre miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía.
Los hechos han generado alarma institucional debido a la posible existencia de delitos como cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y obstrucción a la justicia. El caso, inicialmente denunciado por Hazte Oír, ya ha motivado la apertura de diligencias por parte del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, el segundo juzgado que toma cartas en este escándalo político-judicial.
Según los audios filtrados, Leire Díez habría ofrecido "favores procesales" a cambio de material que comprometiera al teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO y principal responsable de las investigaciones que afectan al entorno familiar de Pedro Sánchez, en especial su esposa y hermano, así como a otras causas sensibles como el caso Koldo y la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
En el informe remitido al juzgado, la Fiscalía descarta que Díez actuara dentro del marco de una actividad profesional legítima, ya que no es abogada, ni fiscal, ni ocupa ningún cargo público. Su interlocución con investigados no puede entenderse como asesoría jurídica. Según el Ministerio Público, esta actuación apunta directamente a una posible instrumentalización del poder político para proteger intereses privados o partidistas, algo que de probarse supondría una grave vulneración del Estado de Derecho.
Cabe destacar que la acusada, que en su momento trabajó como directora de Relaciones Institucionales de Correos a propuesta del entonces jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, negó actuar en nombre del PSOE, asegurando que todo formaba parte de una investigación periodística para un libro sobre las "cloacas del Estado". Sin embargo, sus vínculos previos con Ferraz, su rol institucional y el acceso que presumía tener al "número uno del Gobierno" alimentan las sospechas de una red informal de presión política.
El caso ha reabierto el debate sobre el uso de "comisionistas" sin cargo público que, operando en los márgenes de la legalidad, podrían estar influyendo en el funcionamiento de organismos judiciales y fuerzas de seguridad. Junto al Juzgado número 9, el Juzgado de Instrucción Número 2 también instruye otra causa contra Díez por presunto tráfico de influencias, tras la denuncia de la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC).
Además, otras denuncias siguen pendientes de reparto, como las formuladas por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y la organización Iustitia Europa, lo que sugiere que el escándalo podría adquirir mayores dimensiones si se confirman las presuntas interferencias en procesos judiciales abiertos.
El caso Leire Díez pone de relieve, una vez más, la necesidad de transparencia, depuración de responsabilidades políticas y refuerzo institucional frente a cualquier intento de colonización partidista de las estructuras del Estado. Si se confirma el uso de canales oficiosos para condicionar decisiones judiciales, estaríamos ante uno de los mayores escándalos institucionales desde que comenzaran las investigaciones relacionadas con el entorno del presidente del Gobierno.
Por ahora, la expectación en torno a este caso crece. La Justicia ha comenzado a actuar, pero será fundamental determinar si lo ocurrido con Leire Díez es un hecho aislado o parte de un mecanismo político más amplio y sistemático. El tiempo y los tribunales lo dirán.