La Fiscalía Provincial ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid una denuncia contra Vox por la colocación de un cartel electoral que, a su juicio, puede constituir delito de odio. Como medida cautelar, el ministerio público solicita “en el plazo más breve posible” la retirada del cartel electoral, en el que se compara el coste total de una plaza de acogimiento para un menor tutelado con el importe de una pensión mínima. La denuncia contra el partido ultra no excluye que en el futuro puedan ejercerse actuaciones penales contra los responsables de esta propaganda.

En un comunicado, la Fiscalía explica cómo el cartel muestra la imagen de una mujer mayor, a la que califica de “abuela”, que percibe una pensión de 426 euros; y, al lado, la de un joven “racializado de piel oscura, con la cabeza tapada con la capucha de la prenda que viste y con la cara igualmente tapada por un amplio pañuelo”, a quien se le atribuye un coste de 4.700 euros al mes.

Según el ministerio público, con esta imagen se transmite “no solo el supuesto importe económico que cuesta el mantenimiento de un MENA [menor extranjero no acompañado] enfrentado al de un pensionista, cuestionándose así su carácter ético y legal, sino también una imagen física prejuiciosa del menor como persona extranjera, violenta y delincuencial, al ser este el concepto incorporado con carácter general respecto a un individuo encapuchado, embozado y racializado”.

La Fiscalía recuerda que “estos menores no nacionales carecen de estructura familiar, social y económica” en España, lo que los convierte en un “colectivo doblemente vulnerable, tanto por la edad como por el desarraigo estructural con causa en su origen extranjero, lo que no solo exige una mayor protección por parte de las instituciones públicas, sino que les convierte en uno de los grupos especialmente protegidos por nuestra legislación penal frente a ataques contra su dignidad por gratuitos y prejuiciosos”. La Fiscalía reclama la retirada cautelar no solo del cartel emplazado en la estación de Cercanías de Renfe de la madrileña Puerta del Sol, sino de cualquier otro igual; y alega que Vox no se ve perjudicada por esta decisión porque puede utilizar dichos espacios para poner propaganda pidiendo el voto.

Pocas horas antes de presentarse la denuncia, la Junta Electoral de Madrid había decidido trasladar a la Fiscalía el escrito del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial y Étnica (Cedre), dependiente del Ministerio para la Igualdad, que dirige Irene Montero, que también pedía la retirada del cartel.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que seguirá denunciando el supuesto coste de los menores extranjeros sin familia para las arcas públicas. “Que la Fiscalía haga lo que quiera, que nosotros vamos a acudir a los tribunales y no nos vamos a dejar arrebatar nuestra libertad de expresión”, ha declarado a Servimedia. Si el cartel se retira, ha advertido, el partido ultra repetirá el mismo mensaje en cuñas de radio o tribunas públicas. “Van a tener que amordazarnos y lo tienen muy difícil”, ha concluido.