La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un contundente escrito de acusación en el cual busca imponer la máxima pena posible, 120 años de prisión, a los exdirigentes de la banda terrorista ETA, Javier García Gaztelu, conocido como 'Txapote', e Irantzu Gallastegi. La acusación se centra en el asesinato del concejal del Partido Popular (PP) en Rentería, Manuel Zamarreño, ocurrido en junio de 1998, un acto que dejó una huella indeleble en la memoria colectiva.

En el documento, se detallan los eventos que llevaron al trágico desenlace, remontándose a la época en que ambos acusados formaban parte del comando Donosti. Según la Fiscalía, estos recibieron la instrucción de llevar a cabo asesinatos selectivos de miembros del PP, siendo Manuel Zamarreño el objetivo designado en este fatídico episodio.

El relato judicial sostiene que el 25 de junio de 1998, a las once de la mañana, los terroristas activaron un artefacto explosivo colocado en un ciclomotor al pasar junto al concejal Zamarreño y un agente de la Ertzaintza que realizaba labores de escolta. La detonación resultó en la trágica muerte del edil y en heridas graves para el agente y otro transeúnte, además de ocasionar daños materiales en la zona.

La Fiscalía no solo busca la imposición de la máxima pena, sino que también solicita indemnizaciones por más de 1.6 millones de euros a las víctimas afectadas por el atentado. Este enfoque refleja la firme intención de que los responsables respondan integralmente por las consecuencias de sus acciones.

En paralelo, surge la incógnita sobre la actual percepción de 'Txapote' respecto a la repercusión de su nombre en el exterior de la cárcel. Fuentes consultadas no han confirmado su conocimiento de la polémica suscitada. Sin embargo, se revela que dentro de la prisión, 'Txapote' mantiene una apretada agenda, participando activamente en el polideportivo del centro penitenciario, incluyendo clases de boxeo diseñadas para reforzar su autoconfianza.

Resulta llamativo observar cómo este individuo, responsable de actos terroristas que conmocionaron a la sociedad, se embarca en un camino académico al matricularse en la UNED para cursar estudios en Geografía e Historia. Este hecho, le permite acceder a la biblioteca del centro penitenciario y establecer interacciones con otros reclusos, especialmente aquellos vinculados a la organización terrorista ETA.

La narrativa de 'Txapote' se torna aún más compleja al considerar su búsqueda de beneficios penitenciarios. Aunque se mantiene en la línea dura de los presos que no renuncian al terrorismo y sigue vinculado al colectivo de presos fieles a Sortu, parte de la coalición Bildu, no duda en aprovechar beneficios penitenciarios personalizados. La solicitud del tercer grado, que permitiría su salida diurna, se presenta como una estrategia para obtener ciertos privilegios.

En el horizonte penitenciario de 'Txapote', si no se obtienen más beneficios, se vislumbra una posible liberación programada para febrero de 2031. Este escenario plantea interrogantes éticos y legales sobre el equilibrio entre la condena por actos atroces y la posibilidad de reinsertarse en la sociedad.

En conclusión, el caso de los exdirigentes de ETA, 'Txapote' e Irantzu Gallastegi, se erige como un episodio que no solo confronta a la justicia con un pasado oscuro, sino que también plantea interrogantes sobre la naturaleza del castigo y la rehabilitación en el ámbito penitenciario. La sociedad observa con atención cómo se desenvuelve este proceso, esperando respuestas que aborden la complejidad de la justicia y la memoria histórica.