Corrupción en Canarias: Fiscalía Europea abre investigación por desvíos en fondos para menas
La Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre posibles desvíos de fondos destinados a la atención de menas (menores extranjeros no acompañados) en las Islas Canarias. Como publica La Gaceta de la Iberosfera, según la investigación, millones de euros provenientes de fondos públicos habrían sido mal administrados y entregados a los gestores de una de las fundaciones encargadas de la gestión de los centros de acogida. Este caso involucra presuntas prácticas de corrupción durante el periodo de gobierno del ministro Ángel Víctor Torres en Canarias.
La fundación Respuesta Social Siglo XXI recibió una financiación pública de 15,2 millones de euros entre los años 2020 y 2022, destinados a la gestión de estos centros. Sin embargo, un informe de la Intervención General ha alertado de que, aunque estos centros estaban subvencionados por la Comunidad Autónoma de Canarias, parte de los gastos relacionados con su funcionamiento se imputaron a fondos europeos del instrumento de recuperación Next Generation EU.
De acuerdo con el auto judicial, los investigados habrían utilizado diversos procedimientos para enriquecerse personal y ilícitamente a costa de los fondos destinados al mantenimiento de los centros. El magistrado encargado de la instrucción ha analizado las cuentas bancarias y los justificantes de gasto, pero no se ha encontrado ninguna justificación válida para la gestión de los fondos.
Como resultado de la investigación, han sido imputados cuatro directivos de la fundación, así como la propia organización como persona jurídica. El magistrado ha calificado la situación como un escenario altamente irregular, opaco y de descontrol, destacando que el dinero público fue aprovechado ilícitamente para obtener beneficios personales.
Este caso pone de manifiesto los riesgos de mala gestión y corrupción asociados al uso de fondos europeos destinados a la gestión de la inmigración y la atención de menores en situación de vulnerabilidad, abriendo una nueva línea de investigación que involucra tanto a administraciones públicas como a entidades privadas que gestionan estos recursos.