La Fiscalía Europea abre causa por posible fraude en fondos de la UE en el tramo del accidente de Adamuz
Según desvela El Mundo, la Fiscalía Europea ha abierto una investigación para esclarecer el uso de fondos europeos destinados al mantenimiento del tramo ferroviario donde se produjo la tragedia de Adamuz (Córdoba), que el pasado 18 de enero costó la vida a 46 personas. El órgano comunitario investiga la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos y/o fraude en subvenciones europeas.
Indicios tras una fase inicial de verificación
Fondos europeos en el tramo afectado
Tras una fase inicial de verificación, el fiscal europeo ha constatado que fondos de la Unión Europea fueron destinados a la conservación de la vía donde colisionaron los trenes Alvia e Iryo. Además, según las fuentes consultadas, existen indicios de que esos recursos podrían no haberse utilizado de forma adecuada.
Esta primera fase es habitual en las investigaciones del organismo europeo, que solo abre diligencias formales cuando detecta posibles irregularidades tras analizar la documentación recabada.
Hipótesis: un fallo en la infraestructura
La principal línea de investigación apunta al mal estado de la vía, en concreto a una posible soldadura defectuosa entre un tramo de 1989 y otro de 2023. Este defecto habría provocado el descarrilamiento del tren Iryo, desencadenando el accidente más grave en la historia del sistema de alta velocidad en España.
Diligencias previas y apertura formal de la causa
Requerimientos a distintos organismos
Antes de incoar la investigación formal, la Fiscalía Europea llevó a cabo varias actuaciones, entre ellas:
- Solicitud de información a la juez de Montoro que instruye la causa principal.
- Requerimiento de documentación a Adif, gestor de infraestructuras ferroviarias.
- Oficio dirigido a la Dirección General de Fondos Europeos.
El análisis de esta documentación ha sido determinante para abrir la investigación, que busca esclarecer cómo se gestionaron los fondos comunitarios en el tramo afectado.
Dos fiscales europeos al frente del caso
Dos fiscales europeos han sido asignados a esta causa, actualmente en una fase inicial. El objetivo es determinar si se produjo un uso irregular de recursos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea.
Intervención de la Audiencia Nacional
Un juez de garantías supervisa la investigación
El procedimiento cuenta con un juez de garantías en la Audiencia Nacional. El caso ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 4, dirigido por el magistrado José Luis Calama.
Este órgano judicial será el encargado de autorizar medidas que puedan afectar a derechos fundamentales, así como de validar medidas cautelares urgentes o proteger a testigos y peritos si fuera necesario.
Investigación paralela en Córdoba
La causa principal sigue en Montoro
La investigación de la Fiscalía Europea se desarrolla en paralelo a la que dirige el juzgado de Montoro (Córdoba), que instruye las diligencias para determinar las causas del accidente y posibles responsabilidades penales.
En este procedimiento, la hipótesis principal también apunta a un defecto en la vía como origen del descarrilamiento.
Un organismo en crecimiento
Más actividad y causas de alto perfil
Desde su implantación en España en 2021, la Fiscalía Europea ha incrementado de forma notable su actividad. En 2025 llegó a gestionar 97 casos activos, todos ellos con resultado de condena en los procedimientos que llegaron a juicio.
Además del caso de Adamuz, el organismo investiga actualmente otras causas relevantes relacionadas con el uso de fondos públicos, incluidas adjudicaciones vinculadas al empresario Juan Carlos Barrabés.
Conclusión: el foco en la gestión de fondos públicos
La apertura de esta investigación introduce una nueva dimensión en la tragedia de Adamuz, centrando el foco no solo en las causas técnicas del accidente, sino también en la gestión de los recursos destinados a prevenirlo.
Si se confirman irregularidades, el caso podría tener importantes consecuencias tanto en el ámbito penal como en el de la supervisión de los fondos europeos en España.