La Fiscalía cierra la puerta a Europa y defiende al Constitucional en los ERE
La Audiencia de Sevilla, tras recibir el amparo del Tribunal Constitucional a los principales condenados por el Caso ERE, valoró elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ha recomendado descartar esta vía, asegurando que el TC actuó dentro de sus competencias y que la cuestión puede resolverse mediante el derecho interno.
El informe de la Fiscalía: Un rechazo contundente
En un informe presentado a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, los fiscales especializados en corrupción y criminalidad organizada exponen que el Tribunal Constitucional no ha incurrido en arbitrariedad al conceder el amparo a figuras clave como José Antonio Griñán y Manuel Chaves, expresidentes de la Junta de Andalucía.
Según la Fiscalía, la decisión del TC se basó en la aplicación rigurosa del principio de legalidad, determinando que los tribunales ordinarios hicieron una interpretación extensiva de los delitos de prevaricación y malversación. En consecuencia, el Ministerio Público sostiene que el Tribunal Constitucional no se excedió ni vulneró competencias ajenas.
Europa no es necesaria: Argumentos de la Fiscalía
El principal argumento de la Fiscalía Anticorrupción es que la duda jurídica de la Audiencia puede resolverse sin recurrir al TJUE, ya que no hay indicios de que la decisión del TC entre en conflicto con el derecho comunitario.
Además, subraya que el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, con plena capacidad para evaluar si la aplicación de las leyes penales respeta el principio de legalidad. Esta circunstancia, sostienen los fiscales, deja sin fundamento la necesidad de una intervención europea.
¿Un giro en la estrategia del Ministerio Público?
Cabe recordar que algunas fuentes apuntaban a que la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla se había mostrado favorable a llevar la cuestión al TJUE, pero finalmente ha alineado su criterio con la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía del Tribunal Supremo, quienes fijaron una posición contraria a la intervención europea.
Con esta postura, la Fiscalía Anticorrupción busca cerrar filas en torno a la legitimidad del Tribunal Constitucional y evitar un conflicto institucional que pudiera erosionar su autoridad en la interpretación de la legalidad penal en España. Ahora, la Audiencia de Sevilla deberá decidir si sigue la recomendación de la Fiscalía o persiste en su intención de elevar la cuestión ante la Justicia Europea.