La Fiscalía blinda a Begoña: pide frenar la investigación de sus correos

La batalla legal entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la justicia continúa desarrollándose, ahora con un nuevo capítulo protagonizado por la Fiscalía, que ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid la suspensión de la investigación que había ordenado el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Esta investigación implicaba el análisis de los correos electrónicos de la cuenta oficial de Presidencia de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, desde julio de 2018 hasta la actualidad. La medida, que ha generado controversia, se refiere al denominado «caso Begoña Gómez», una investigación vinculada a la presunta malversación de fondos públicos en la contratación de la asesora Cristina Álvarez.

El Ministerio Público ha presentado un recurso de apelación este jueves, argumentando que la medida adoptada por el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41, es «absolutamente desmesurada». La Fiscalía considera que la orden de la Guardia Civil para recabar y analizar los correos electrónicos de Gómez afectaría gravemente a los derechos fundamentales de la persona afectada, como el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. Asimismo, recalcan que esta diligencia debió ser adoptada a través de un auto judicial, no mediante una providencia, tal como se establece en la normativa procesal.

En el recurso de apelación, la Fiscalía argumenta que la decisión del juez Peinado carece de una adecuada motivación.
Según el Ministerio Público, cualquier medida de este tipo debe estar debidamente justificada, explicando con claridad los principios y criterios que llevan a la adopción de la diligencia, así como su proporcionalidad, idoneidad y excepcionalidad. En este caso, la Fiscalía cuestiona si realmente es necesario o proporcional recabar y analizar todos los correos electrónicos enviados y recibidos por Begoña Gómez desde 2018, y si esos correos están realmente relacionados con el delito que se está investigando.

«¿Es proporcional, atendiendo a los principios y criterios expuestos, recabar y analizar todos los correos electrónicos enviados y recibidos?», se pregunta el recurso.
La Fiscalía también cuestiona la motivación del juez, ya que no se explica claramente qué se busca con esta medida. «¿Qué estamos buscando con la adopción de esta medida?», añade el escrito, pidiendo una reflexión más profunda sobre la idoneidad y la necesidad de realizar un análisis masivo de los correos electrónicos de una persona que ocupa una posición delicada en el Gobierno.

Este recurso de la Fiscalía se suma al presentado por la defensa de Begoña Gómez, que también ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que suspenda la investigación de los correos. La defensa, dirigida por el exministro socialista Antonio Camacho, presentó su recurso el lunes pasado, argumentando que la orden judicial carece de motivación suficiente y que no se justifica adecuadamente la medida adoptada. En su escrito, la defensa de Gómez subraya que la providencia emitida por el juez Juan Carlos Peinado simplemente hace referencia al origen de los correos y no explica por qué es necesario acceder a esa información.

Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, ha estado en el centro de la polémica debido a su vinculación con la contratación de Cristina Álvarez, asesora en La Moncloa desde el nombramiento de esta en julio de 2018. Según la investigación, hay indicios de que podría haberse producido una malversación de fondos públicos en este proceso, lo que ha desencadenado la apertura de una causa judicial para esclarecer los hechos. La investigación, por tanto, se centra en los contratos relacionados con Álvarez y los correos electrónicos de Gómez, que podrían arrojar información relevante sobre cómo se gestionaron esos contratos. El recurso presentado por la defensa de Gómez y la Fiscalía subraya la importancia de proteger los derechos fundamentales de la persona afectada, en este caso Begoña Gómez, quien, al igual que cualquier ciudadano, tiene derecho a la privacidad y al secreto de las comunicaciones.

Ambos recurren a la Audiencia Provincial de Madrid para que revise la decisión del juez Peinado, que ya había generado controversia debido a su alcance y la falta de justificación explícita. La intervención de la Fiscalía, que históricamente ha mantenido una postura más neutral en los casos relacionados con el Gobierno, refleja la sensibilidad del asunto y la tensión que existe entre las instituciones judiciales y el Ejecutivo. La orden de investigar los correos de Begoña Gómez también ha provocado reacciones políticas en diversos sectores. Los representantes de la oposición, especialmente desde la formación de Vox, han criticado abiertamente el caso y han acusado al Gobierno de intentar ocultar posibles irregularidades.