La Fiscalía acelera contra el novio de Ayuso y pide casi cuatro años de cárcel mientras se acumulan escándalos socialistas
La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado una pena de tres años y nueve meses de prisión para Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos contra la Hacienda Pública en concurso con un delito de falsedad documental.
El escrito de acusación fue registrado este miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, que instruye la causa. La petición de apertura de juicio oral llega en un contexto político especialmente sensible, marcado por una oleada de investigaciones judiciales que afectan a altos cargos del PSOE por presuntos delitos de corrupción.
Según el Ministerio Público, González Amador habría defraudado un total de más de 300.000 euros a través de su empresa Maxwell Cremona SL durante los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. Las penas solicitadas se desglosan en un año y nueve meses de prisión por el ejercicio de 2020, con una cuota defraudada de 155.000 euros, y dos años y un día por el ejercicio de 2021, en el que el importe defraudado ascendió a 195.951 euros.
La Fiscalía contempla la atenuante de reparación del daño, dado que el investigado ha consignado ya las cantidades adeudadas a la Agencia Tributaria, pero rechaza un acuerdo de conformidad. Fuentes jurídicas señalan que la filtración de correos electrónicos entre la defensa y el fiscal, difundidos en medios de comunicación, truncó la posibilidad de cerrar el procedimiento mediante un pacto.
El escrito de acusación ha trascendido públicamente antes de ser notificado formalmente a las partes, algo que ha generado malestar en la defensa del empresario, que aún no ha recibido el auto de apertura de juicio oral. Según explican fuentes conocedoras del caso, la juez ha concedido un plazo adicional de diez días a la acusación popular ejercida por el PSOE, pese a que el propio partido promovió recientemente la eliminación de esta figura jurídica.
El caso contra González Amador se produce mientras el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, permanece imputado en el Tribunal Supremo por revelación de secretos en esta misma causa, en la que habría difundido documentos reservados a través de la Fiscalía General del Estado.
La instrucción ha avanzado bajo un contexto mediático denso, al coincidir con el ingreso en prisión del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, acusado de liderar una presunta red de adjudicaciones fraudulentas de obra pública. La investigación, dirigida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, mantiene también imputados a varios exaltos cargos del entorno socialista, entre ellos la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.
El caso del empresario González Amador ha sido utilizado recurrentemente como arma política en la confrontación entre el Gobierno y la oposición, particularmente en momentos clave de avance judicial de las causas contra ex altos cargos del Ejecutivo. En este contexto, el entorno de Ayuso denuncia una persecución orquestada por la Fiscalía con fines de desgaste político.
A la espera de la apertura de juicio oral, y de una eventual fecha para la vista, el procedimiento continuará ahora en fase de preparación procesal. No se descarta que la defensa solicite la nulidad parcial de actuaciones en función del tratamiento mediático recibido por la causa, y del acceso irregular de información bajo secreto de sumario por parte de medios vinculados al Ejecutivo.