Fiscalía y Abogacía del Estado avalan la amnistía a Puigdemont
Defienden que no hubo “enriquecimiento personal” y que los fondos utilizados pertenecían exclusivamente a la Generalitat
La Fiscalía del Tribunal Supremo y la Abogacía del Estado han defendido este lunes que el expresidente catalán Carles Puigdemont y sus exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig deben beneficiarse de la amnistía en el delito de malversación, argumentando que no existió enriquecimiento personal en la financiación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Esta postura choca frontalmente con la decisión del magistrado Pablo Llarena, quien el pasado mes de julio rechazó aplicar la amnistía a los líderes independentistas procesados por malversación, manteniendo además en vigor las órdenes nacionales de detención contra ellos.
La vista pública celebrada hoy en el Tribunal Supremo responde a los recursos de apelación presentados por Puigdemont y sus exconsejeros, quienes buscan revertir la negativa del juez instructor a incluirlos en la medida de gracia aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
La Fiscalía: “No hubo beneficio patrimonial”
Durante la audiencia, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha defendido que la aplicación de la amnistía es procedente, señalando que es erróneo afirmar que los acusados actuaron con la intención de obtener un beneficio patrimonial propio.
"Decir que los actos fueron conducidos a obtener un beneficio patrimonial es cuando menos sorprendente. Nadie ha sostenido que fueran encaminados a ello", afirmó la fiscal.
Según su argumentación, la ley de amnistía establece claramente en su artículo 1 que la medida debe aplicarse a los delitos de malversación cuando estén “dirigidos a financiar, sufragar o facilitar” la realización de consultas independentistas como el 9-N o el 1-O, siempre que no haya existido un propósito de enriquecimiento.
Además, ha desestimado el argumento esgrimido por el juez Llarena de que la malversación afectó a fondos europeos y, por tanto, a los intereses económicos de la UE. Según Sánchez Conde, no se usaron recursos comunitarios, sino que los fondos empleados "pertenecían exclusivamente a la Generalitat".
La Abogacía del Estado respalda la amnistía
En la misma línea que la Fiscalía, la Abogacía del Estado ha solicitado al Tribunal Supremo que revoque la decisión del juez Llarena y aplique la amnistía a los procesados, sumándose a los argumentos de la defensa.
Esta postura supone un respaldo institucional del Gobierno a la interpretación más amplia de la ley de amnistía, que fue impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para desactivar la confrontación política con los sectores independentistas.
La defensa de Puigdemont cuestiona la competencia del Supremo
Por su parte, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha insistido en que el Tribunal Supremo no es el órgano competente para decidir sobre la aplicación de la amnistía al expresidente catalán. Según Boye, al haber sido elegido diputado del Parlament, la competencia para revisar su caso debería corresponder al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
"A estas alturas no es necesario entrar en un gran debate sobre la aplicación o inaplicación de la ley de amnistía. Podemos acogernos al voto particular de la magistrada Ana Ferrer, que explica por qué esta ley debe ser aplicada", sostuvo Boye.
El letrado argumentó que si el Supremo decide sobre el caso, se vulneraría el derecho a un juez predeterminado por la ley, algo que, a su juicio, solo podría garantizar el TSJC.
El abogado de Lluís Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, se ha sumado a esta tesis, afirmando que una negativa a aplicar la amnistía supondría “una resolución arbitraria e injusta”.
Vox se opone a la amnistía y defiende la postura de Llarena
En el otro extremo, la acusación popular ejercida por Vox ha mantenido su oposición a la amnistía de Puigdemont y ha respaldado la decisión del magistrado Pablo Llarena de no incluir el delito de malversación dentro de la medida de gracia.
La coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, ha criticado la posición de la defensa, acusándola de intentar deslegitimar la competencia del Tribunal Supremo para decidir sobre la amnistía.
"Si un acto es ilícito, no puede ser amparado por ninguno de los instrumentos de derecho, mucho menos por esta ley de amnistía. No es porque el Supremo haya tenido una interpretación extravagante, es porque así lo dijo el Constitucional con las leyes de desconexión", aseguró Castro.
El Supremo, ante una decisión clave
Ahora, la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, compuesta por los magistrados Vicente Magro, Eduardo de Porres y Susana Polo, deberá deliberar y decidir si revoca la negativa de Llarena y aplica la amnistía al delito de malversación en el caso de Puigdemont, Comín y Puig.
La resolución que adopte el alto tribunal será clave en el futuro judicial de los líderes independentistas en el exilio y podría sentar un precedente sobre la interpretación y el alcance de la ley de amnistía.
Un pulso jurídico y político en el Supremo
La batalla judicial en torno a la amnistía de Puigdemont enfrenta a diferentes sectores del sistema judicial y político. Mientras que la Fiscalía y la Abogacía del Estado, alineadas con el Gobierno, consideran que la malversación es amnistiable, el juez Llarena y Vox defienden una interpretación más restrictiva de la ley.
El Tribunal Supremo tiene ahora la última palabra en un caso que sigue marcando la agenda política y que podría tener consecuencias tanto en la relación del Gobierno con los partidos independentistas como en el futuro político de Carles Puigdemont.