El fiscal general, sin dinero y bajo la sombra de 6 años de cárcel

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha consignado la fianza de 150.000 euros impuesta por el Tribunal Supremo mediante propiedades inmobiliarias aportadas a través de avales. La medida, decretada tras la apertura de juicio oral por un presunto delito de revelación de secretos, fue ejecutada con rapidez para evitar el embargo de bienes, según han confirmado fuentes próximas al procedimiento a El Debate.

El magistrado instructor, Ángel Hurtado, había advertido de las consecuencias de no cumplir con la fianza, entre ellas la posibilidad de embargo de bienes personales. Fuentes próximas al caso indican que García Ortiz no disponía de liquidez suficiente para hacer frente al requerimiento en metálico, por lo que optó por comprometer parte de su patrimonio personal.

Rebaja de la fianza a 75.000 euros

Sin embargo, el juez Ángel Luis Hurtado ha acordado rebajar de 150.000 a 75.000 euros la fianza inicialmente impuesta a García Ortiz, según un auto dictado el pasado 9 de septiembre. Esta modificación se produce justo después de que el fiscal general ya hubiese consignado la totalidad de la cuantía bajo advertencia de embargo.

En su nueva resolución, el magistrado no incluye en el cálculo la multa accesoria contemplada para el delito de revelación de secretos, que sí había incorporado inicialmente, y que elevaba la cifra. La corrección llega tras el recurso de reforma presentado por la acusación particular en nombre de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que solicitaba subsanar ese “error material” con apoyo en la doctrina del Tribunal Constitucional.

El juez explica en el auto que, dado que la rectificación beneficia al acusado, no era necesario esperar al trámite completo del recurso: «El propio juez, de oficio, puede hacer modificación en la cantidad, en función de las circunstancias que se le presenten». Deja, no obstante, para el debate de fondo otras cuestiones pendientes, como la cuantía por responsabilidad civil.

Cruce de recursos y rechazo de ayuda externa

El movimiento del fiscal general coincidió con la estrategia procesal de González Amador, quien días antes había recurrido la decisión del Supremo de rebajar su propia fianza de 300.000 a 150.000 euros. En paralelo, García Ortiz prepara también un recurso con el que pretende anular por completo la fianza, a la que su entorno califica de «injusta», «desproporcionada» y «contraria a la doctrina del Supremo».

Pese a haber recibido ofertas de ayuda económica de familiares y amigos, el fiscal general ha optado por responder únicamente con medios propios, comprometiendo su patrimonio personal para afrontar las eventuales responsabilidades pecuniarias derivadas del proceso.

Juicio en noviembre

Se espera que el juicio arranque en noviembre, una vez que la Sala de lo Penal del Supremo, compuesta por siete magistrados, fije el calendario oficial. El objetivo es contar con una sentencia firme antes de final de año.