Feijóo promete repatriar a los inmigrantes ilegales y revocar la cesión de competencias a Cataluña: "Los menores no son mercancía"
El PP se compromete a repatriar inmigrantes ilegales, frenar la cesión de competencias a Cataluña y garantizar una inmigración legal y vinculada al empleo. Conclusiones de la XXVII Interparlamentaria.
Alberto Núñez Feijóo ha abandonado la tibieza tecnocrática para afilar el verbo y fijar posición en uno de los grandes tabúes del progresismo: la inmigración ilegal. Durante la XXVII Interparlamentaria del Partido Popular celebrada en Sevilla, el líder de la oposición ha dibujado una hoja de ruta que revienta el consenso buenista: repatriaciones masivas, revocación de competencias entregadas a Cataluña y una defensa sin complejos de la soberanía nacional. España, ha dicho, "no puede seguir siendo rehén de chantajes identitarios ni de mafias migratorias".
La repatriación como columna vertebral de la nueva política migratoria
En un documento que destila claridad y contundencia —dos virtudes perdidas en el lodazal parlamentario—, el Partido Popular deja claro que su modelo no será el del papel mojado multicultural, sino el de una inmigración regular, ordenada y laboral. Ni sentimentalismos huecos ni cuotas impuestas desde Waterloo.
“España no es una ONG. Aquí no se trafica con menores para conservar una poltrona”, remarcó Feijóo, denunciando el último acuerdo entre Sánchez y Junts, que excluye a Cataluña del reparto de MENAs (menores extranjeros no acompañados), sobrecargando así al resto de comunidades autónomas.
La consigna es sencilla, pero poderosa: "Inmigración legal, integración real. Inmigración ilegal, repatriación total."
Sánchez, Cataluña y los menores como moneda de cambio
Lo que el sanchismo llama "solidaridad territorial", el PP lo define con una precisión quirúrgica: "chantaje identitario institucionalizado". El acuerdo para transferir competencias exclusivas del Estado —como extranjería, fronteras o inmigración— a la Generalitat catalana será anulado si los populares llegan al poder. Así lo estipula el documento final de la Interparlamentaria.
“Los menores no son fardos de mercancía intercambiables por escaños”, subraya el texto, señalando el cinismo estructural del Gobierno de coalición.
64.000 llegadas ilegales en 2024: el naufragio de la política migratoria de Sánchez
El PP alerta de que más de 64.000 inmigrantes irregulares han entrado en España solo en 2024. 10.000 de ellos murieron en la ruta canaria, convertida hoy en el corredor mortuorio del progresismo europeo. Las mafias celebran, los contribuyentes pagan.
El documento detalla que, mientras se bloquean las vías legales, se incentiva la llegada irregular con efectos devastadores para los servicios públicos, la cohesión social y la seguridad ciudadana.
Inmigración sí, pero no así: legalidad, empleo y dignidad
Frente a este despropósito, el PP ofrece una alternativa: inmigración regulada, vinculada al empleo, con garantías de integración y respeto a la ley. Una visión que no demoniza, pero tampoco idealiza. Que acoge, pero no abdica.
“La inmigración legal es una bendición. La inmigración ilegal, una traición a los que esperan su turno”, sentenció Feijóo.
Conciliación, dependencia y dignidad: el PP no se olvida de lo esencial
Más allá de la inmigración, el PP ha incluido en su programa una serie de reformas estructurales que refuerzan su perfil de partido de gobierno:
-
Financiación del 50% de escuelas infantiles de 0-3 años
-
Bonificación del 45% para cuidadores en familias monoparentales
-
Compromiso con los enfermos de ELA, denunciando que el Ejecutivo "los ha dejado sin recursos"
-
Reclamación del 50% del coste en el sistema de dependencia, frente a la actual infrafinanciación estatal
En palabras de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía:
“No podemos seguir con un Estado que se desentiende del cuidado mientras subsidia la agenda separatista”.
¿Se avecina el retorno de la política con principios?
La XXVII Interparlamentaria del PP ha sido mucho más que un congreso de partido: ha sido una declaración de intenciones contra el cinismo de Estado. En un país donde la ilegalidad se premia, la legalidad se castiga y el victimismo se subvenciona, Feijóo ha optado por la vía menos transitada: la coherencia.
Y eso, en la España de 2025, es un acto de revolución moral.