Feijóo promete una auditoría para destapar a los “cobradores fantasma” del PSOE si llega a La Moncloa

La ofensiva del Partido Popular contra el enchufismo socialista no se detiene. Esta vez ha sido el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, quien ha anunciado que, si Alberto Núñez Feijóo llega al poder, lo primero que hará será ordenar una auditoría general para descubrir cuántas personas vinculadas al PSOE cobran del erario público sin trabajar.

La gota que colmó el vaso para los populares ha sido la confesión de Jésica Rodríguez, ex pareja de José Luis Ábalos, que reconoció ante el juez haber cobrado durante años en Ineco y Tragsatec por un empleo en el que, según sus propias palabras, “no hizo nada”. Pero este caso no está solo. Desde el PP ya hablan de al menos tres nombres con sueldos públicos y actividad fantasma: Jésica Rodríguez, Miss Asturias 2017 (que también habría disfrutado de contratos similares) y David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, cuyo paso por la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas sigue envuelto en sospechas de favoritismo.

“Lo primero que habrá que hacer en cuanto Feijóo sea presidente es una auditoría para saber cuánta gente está vinculada al Partido Socialista cobrando un sueldo sin trabajar”, declaró Bravo este lunes, subrayando que el objetivo es limpiar las empresas públicas de lo que considera una red de “colocados a dedo” que viven del presupuesto estatal sin aportar ningún valor al país.

Además, Bravo ha tachado de “inútil” la auditoría interna que llevó a cabo el ministro de Transportes, Óscar Puente, para revisar los contratos irregulares de la época de Ábalos. Según el PP, dicha auditoría fue un “lavado de cara” que concluyó sin aclarar nada relevante y, sin embargo, hoy ya se sabe que había personas cobrando sin trabajar bajo el paraguas de ese ministerio. “Óscar Puente dijo que había hecho una auditoría y que todo estaba correcto, y resulta que nos enteramos ahora mismo que tres personas cobraban un sueldo sin ir a trabajar”, zanjó Bravo.

La auditoría de Puente, finalizada en agosto de 2024, se saldó únicamente con el cese del subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, que ya estaba imputado por la Audiencia Nacional, en un gesto que, para el PP, sirvió solo para ofrecer una cabeza de turco y cerrar el caso en falso.

Ahora, con el escándalo de Jésica Rodríguez en plena efervescencia judicial y mediática, el PP quiere ir hasta el fondo. La propuesta de Feijóo pasa por auditar cada rincón del entramado público para identificar a los enchufados, revisar los procesos de contratación, los expedientes laborales, los salarios percibidos y, sobre todo, exigir la devolución del dinero en los casos donde se acredite que hubo sueldo sin trabajo.

Desde Génova defienden que estas prácticas son la prueba del modelo clientelar del sanchismo, donde amistades personales, familiares y exparejas obtienen contratos públicos como recompensa a su cercanía política. “Esto no es un caso aislado, es un sistema”, afirman fuentes del PP.

Además, sostienen que el caso Ábalos puede ser solo la punta del iceberg. El PP se prepara para una ofensiva parlamentaria que forzará al Gobierno a dar explicaciones detalladas sobre los contratos de Jésica, los viajes pagados con dinero público, la contratación de personas cercanas al PSOE y los posibles gastos irregulares durante la etapa del exministro al frente de Transportes.

Feijóo, que lleva semanas endureciendo su discurso contra la corrupción institucional del Gobierno, pretende hacer de esta auditoría uno de los primeros gestos de limpieza institucional si logra el respaldo suficiente para formar gobierno.

Mientras tanto, el silencio de Moncloa se mantiene. Ni Pedro Sánchez, ni Óscar Puente, ni José Luis Ábalos han salido a dar explicaciones claras ante la acumulación de escándalos, a pesar de que las evidencias y testimonios apuntan a que durante años se utilizaron empresas públicas como agencias de colocación personal.