La expresidenta de Adif señala que Ábalos y Koldo preguntaron por contratos en Ineco

La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha declarado este miércoles ante el Tribunal Supremo que tanto el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, como su entonces asesor, Koldo García, le trasladaron su interés por conocer los procedimientos para contratar personal administrativo en Ineco, sociedad pública dependiente del Ministerio. Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, esas gestiones guardaban relación directa con las contrataciones de Jésica Rodríguez, expareja del exministro, y de Joseba García, hermano del asesor, ambos finalmente empleados en dicha empresa pública.

El testimonio de Pardo de Vera se enmarca en la investigación dirigida por el magistrado Leopoldo Puente, que indaga si Ábalos y su entorno cobraron comisiones ilegales, tanto en metálico como en especie, a cambio de adjudicaciones de contratos públicos de obra civil y suministros sanitarios durante la pandemia.

Consulta informal sobre procesos reglados

Según la versión ofrecida por la expresidenta de Adif, Ábalos y Koldo García le realizaron preguntas directas sobre cómo incorporar personal administrativo a Ineco. En respuesta, Pardo de Vera les aclaró que las contrataciones debían seguir los procedimientos reglados y ajustarse a las ofertas públicas de empleo vigentes. No obstante, poco después, tanto la expareja del ministro como el hermano de su asesor acabaron incorporándose a la plantilla de la empresa pública.

Este episodio refuerza las sospechas de la Fiscalía sobre un posible uso instrumental de sociedades públicas para beneficiar a personas del entorno privado y personal de Ábalos, aspecto que se está analizando de manera específica dentro de la causa.

Relatos contradictorios sobre las contrataciones

La declaración de Pardo de Vera se produce tras la comparecencia de Koldo García, quien admitió haber pedido "un favor" para facilitar la incorporación de Jésica Rodríguez, a la que calificó como una "amiga" previa a su relación con Ábalos. Sin embargo, su hermano, Joseba García, se desmarcó de ese relato ante el mismo tribunal, alegando que no intervino en el proceso y que su contacto con Jésica se limitó a tareas puntuales dentro de Ineco.

Por su parte, Jésica Rodríguez reconoció la semana pasada que nunca llegó a desempeñar funciones reales dentro de Ineco ni de la segunda sociedad pública que la contrató, Tragsatec, aunque sí percibió sueldos. Según su testimonio, atribuyó su acceso a ambos empleos a la mediación de Ábalos.

Referencias a Víctor de Aldama y presión sobre contratos

Durante su declaración, Pardo de Vera también confirmó que observó con frecuencia al empresario Víctor de Aldama, supuesto intermediario de la trama, en la tercera planta del Ministerio de Transportes, utilizando los ascensores de acceso reservado. Alertada por esa presencia reiterada, llegó a preguntar al propio Ábalos por su actividad en el edificio, tras lo cual, según relató, Aldama dejó de aparecer por el Ministerio.

Aunque la expresidenta de Adif negó haber recibido órdenes para adjudicar contratos a empresas de Aldama, sí admitió presiones durante la pandemia para agilizar compras de material sanitario, como mascarillas, vinculadas a Soluciones de Gestión, empresa asociada al presunto fraude investigado.

Más testigos y versiones divergentes

El exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, también compareció ante el Supremo este miércoles. En su caso, negó haber recibido instrucciones directas de Ábalos para adjudicar contratos durante la pandemia y subrayó que los procedimientos administrativos fueron respetados en todo momento, sin constatar irregularidades en las licitaciones de obras públicas.

Por último, el empresario Manuel Contreras, presidente del grupo Azvi, ratificó que su compañía contrató en 2023 a Koldo García como asesor para su expansión en América Latina, si bien rechazó que existiera relación entre ese vínculo profesional y los contratos públicos obtenidos por la constructora entre 2018 y 2021. Contreras denunció además a Aldama tras ser acusado por este de pagar supuestas comisiones ilegales a cambio de obra pública.

La investigación sigue sumando piezas

Con la incorporación de estos testimonios, el Supremo sigue avanzando en una instrucción que ya dibuja un esquema complejo de relaciones personales, laborales y contractuales entre altos cargos del Ministerio de Transportes, sociedades públicas como Ineco y Adif, y empresas privadas beneficiarias de adjudicaciones millonarias en los últimos años.

A la espera del análisis de nuevos documentos y pruebas periciales, el juez Leopoldo Puente deberá determinar si las contrataciones y adjudicaciones bajo sospecha constituyeron una estructura organizada de corrupción o si, por el contrario, responden a irregularidades puntuales sin conexión orgánica.