Explotación sexual y chantaje: las sombras que acechan al Gobierno
Nuevas revelaciones sacuden a La Moncloa: un documento policial apunta a una presunta red de explotación sexual con conexiones directas a la familia de Begoña Gómez
Un documento policial fechado en noviembre de 2014 ya advertía sobre las actividades económicas de la familia política de Pedro Sánchez, en concreto sobre la gestión de varias saunas vinculadas al padre de Begoña Gómez, en las que, según ese informe, menores extranjeros entregaban «el 50%» de sus ingresos a la estructura familiar.
La nota informativa, elaborada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo y a la que ha tenido acceso The Objective, se redactó pocos meses después de que Pedro Sánchez fuera nombrado secretario general del PSOE, en un contexto de investigaciones internas ante la posibilidad de que pudiera llegar a presidir el Gobierno. El documento recoge que se realizaron gestiones para comprobar la veracidad de «informaciones preocupantes» recibidas sobre su entorno familiar.
Según el informe, los locales funcionaban formalmente como saunas o gimnasios, aunque en la práctica se desarrollarían actividades de carácter sexual, con la participación de jóvenes extranjeros, muchos de ellos menores de edad, procedentes principalmente de Brasil y del Magreb. La fuente citada en el documento afirma que los menores «perciben el 50% de lo que generan», mientras que el resto quedaba en manos de los gestores de los locales.
El texto también detalla que a esos jóvenes se les aplicaban descuentos adicionales por manutención y alojamiento, así como por el consumo de sustancias, «salvo los estimulantes sexuales que se les facilitaban para soportar largas jornadas». Estas afirmaciones se atribuyen a una fuente en proceso de captación dentro de las pesquisas policiales de la época.
El informe pone el foco en la familia de Begoña Gómez, describiendo su trayectoria empresarial desde su llegada a Madrid en los años ochenta y la adquisición de diversos inmuebles y locales. Según la nota, algunas operaciones inmobiliarias se habrían realizado «escriturando por debajo del valor real», abonando parte del precio en efectivo, extremo que se presenta como una sospecha y no como un hecho probado.
Villarejo califica en el documento esa relación familiar como una «influencia perniciosa» para un dirigente político con aspiraciones de poder, y la define como una circunstancia de «especial y grave trascendencia» para quien podría «presumiblemente presidir el país», algo que finalmente ocurrió años después.
El texto también menciona la existencia de grabaciones de carácter sexual realizadas en esos locales, que habrían sido utilizadas con fines de investigación y presión, según sostiene el propio Villarejo en declaraciones posteriores. Parte de ese material habría circulado años después en el marco del caso Villarejo, extremo que sigue siendo objeto de controversia judicial y mediática.
Todas las afirmaciones contenidas en el documento se presentan como informaciones atribuidas a fuentes policiales y confidenciales y no constan como hechos probados en sentencia judicial firme.