Explota el "caso hermanísimo": la jueza procesa al hermano de Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias
El entorno familiar de Pedro Sánchez se ve sacudido por el procesamiento judicial de su hermano David, acusado de beneficiarse de su posición pública para intereses personales y de promover contrataciones a medida
La maquinaria judicial ha asestado un golpe de enorme calado al círculo íntimo del presidente del Gobierno. David Sánchez Pérez-Castejón, hermano de Pedro Sánchez, ha sido procesado por prevaricación administrativa y tráfico de influencias. El procesamiento incluye también a Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE de Extremadura, así como a varios altos cargos de la administración provincial.
El auto judicial, extenso y minucioso, compuesto por 71 folios, sostiene que la contratación de David Sánchez fue resultado de una trama de manipulación administrativa cuidadosamente diseñada para crear un puesto ad hoc y adaptarlo posteriormente a sus necesidades personales.
"El hermanísimo": un puesto con destinatario predeterminado
Según el relato judicial, en fecha anterior a octubre de 2016, Gallardo, junto a Cristina Núñez —diputada de Cultura— y Elisa Moriano —directora del Área de Cultura—, promovieron la creación del cargo de Coordinador de Actividades de los Conservatorios con un objetivo inequívoco: adjudicárselo a David Sánchez.
La prueba documental resulta demoledora: un correo electrónico enviado el 19 de mayo de 2017, el mismo día de publicación de las bases del proceso, alude al futuro puesto como el del "hermanísimo". Un apelativo que evidencia que el proceso de selección era, en realidad, un trámite formal vacío de contenido real.
Más revelador aún resulta que David Sánchez comenzara a buscar alojamiento en Badajoz incluso antes de su entrevista, indicando que se trasladaba por motivos laborales. Un indicio rotundo, en palabras de la magistrada, de que el procedimiento estaba amañado de antemano.
Entrevistas inexistentes y una contratación predefinida
La instrucción judicial ha sacado a la luz irregularidades graves en el proceso de contratación. Cristina Núñez, responsable de realizar las entrevistas, ni siquiera asistió a las mismas, aunque posteriormente justificó la elección de Sánchez basándose en respuestas que jamás escuchó.
Otra de las aspirantes, Cristina de Frutos, reveló que su propia entrevista fue un trámite vacío, en el que apenas recibió preguntas, y que en los entornos profesionales ya se daba por descontado que el puesto estaba reservado para el hermano del presidente.
Posteriormente, David Sánchez se desvinculó progresivamente de sus obligaciones originales, volcando sus esfuerzos en el Proyecto Ópera Joven, aunque siguió cobrando como coordinador de conservatorios. Para legitimar este desvío funcional, en 2022 el puesto fue rebautizado como Jefe de la Oficina de Artes Escénicas, un concepto que ni siquiera el imputado pudo explicar con claridad ante la juez.
Una red de complicidades: Carrero y los cargos de confianza
La resolución judicial no se limita al hermano del presidente. También alcanza a Luis María Carrero, amigo íntimo de David Sánchez, y a otros responsables de la Diputación como Ricardo Cabezas Martín y Manuel Candalija Valle. A Carrero —que trabajaba en La Moncloa— se le habría creado otro puesto a medida en la institución provincial.
Correos intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelan que la incorporación de Carrero fue acordada 23 días antes de que se publicaran las bases de la convocatoria oficial. Los mensajes reflejan una complicidad personal más que profesional: "Querido hermanito", inicia Carrero sus misivas a Sánchez.
La contratación de Carrero fue consumada en diciembre de 2023. No obstante, ya en octubre ambos daban por descontado su fichaje, como se desprende de la frase enviada por Sánchez: "En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo".
Un horizonte sombrío para Moncloa
Los procesados disponen ahora de diez días para presentar sus escritos de defensa. La juez decidirá después si abre juicio oral, situando a David Sánchez, y con él al entorno más próximo del presidente, a las puertas del banquillo de los acusados.
La gravedad del "caso hermanísimo" no reside sólo en la imputación de delitos comunes. El daño es político, estructural, institucional: muestra una práctica de captura de instituciones públicas locales para beneficio privado, vulnerando los principios de mérito y capacidad que deberían regir la función pública.
La juez Biedma es categórica: «Se omitió la necesidad de dar satisfacción a una demanda de la sociedad que quiere que quien va a estar a su servicio sea el mejor en las funciones que se le reclaman, con independencia de su parentesco o amistad con otra persona».
Además, su auto subraya que no es verosímil que Miguel Ángel Gallardo o los altos cargos de la Diputación ignoraran la operación, dado que Pedro Sánchez era ya una figura prominente en el PSOE cuando se diseñó el puesto en 2016.
Así, el "caso hermanísimo" amenaza con convertirse en el primer golpe judicial de verdadera envergadura que directamente compromete no sólo al Gobierno, sino a la autoridad moral de su líder en un momento crítico de la legislatura.