España pierde 60.000 empresas desde que gobierna Sánchez

El número de empresas cotizantes a la Seguridad Social ha descendido de forma preocupante en junio de 2025, con 1.457.368 compañías activas, el dato más bajo registrado desde la pandemia y equivalente al de hace más de diez años. Desde que Pedro Sánchez accedió a la presidencia del Gobierno en 2018, el país ha perdido 58.387 empresas que contribuían regularmente al sistema, lo que pone en cuestión los mensajes de éxito económico difundidos por el Ejecutivo.

El tejido empresarial, en retroceso mientras crece el empleo por afiliaciones múltiples

En junio de 2018, en el contexto de la moción de censura a Mariano Rajoy, España contaba con 1.515.755 empresas cotizantes. En 2019 se alcanzó el récord, con 1.520.908, pero la pandemia provocó una caída hasta los 1.389.509 en 2020. Aunque posteriormente se inició una recuperación parcial, los datos de 2025 evidencian una nueva inflexión negativa, que rompe la tendencia y pone de manifiesto la fragilidad estructural del tejido empresarial español.

Este descenso contrasta con el crecimiento del número de afiliaciones a la Seguridad Social, que en agosto alcanzó los 21.672.249 registros activos, 308.842 más que a principios de año. Sin embargo, este dato no implica necesariamente más empleo real, ya que una misma persona puede figurar varias veces en función de los contratos firmados en el mes. Es decir, hay más afiliaciones, pero menos empresas reales operando.

Costes laborales, normativa y presión fiscal: las claves de la caída

Economistas como Daniel Lacalle y Javier Santacruz coinciden en señalar que esta situación refleja una pérdida efectiva de tejido productivo, especialmente de microempresas y autónomos con empleados. Las razones, apuntan, están relacionadas con:

• El aumento del salario mínimo interprofesional, que ha elevado los costes de contratación.

• La burocracia creciente en materia laboral y fiscal.

• La reducción de la jornada laboral, actualmente en tramitación en el Congreso, que genera incertidumbre en la planificación empresarial.

• El endurecimiento de los costes de despido y de las obligaciones administrativas.

Estas medidas, impulsadas por los socios del Gobierno —Podemos primero, Sumar después—, habrían tenido un impacto directo sobre las pequeñas estructuras empresariales, dificultando su supervivencia.

Una contradicción entre los datos del PIB y la base productiva real

El Producto Interior Bruto (PIB) de España ha crecido desde los 1,09 billones de euros en 2015 hasta 1,59 billones en 2024, casi un 50% más. Sin embargo, el número de empresas cotizantes sigue estancado en cifras de hace una década, lo que revela una desconexión entre el crecimiento macroeconómico y la economía real.

La clave, según los expertos, está en que el crecimiento del PIB no se ha traducido en un aumento proporcional de actividad empresarial, sino que ha dependido en gran parte de sectores como el turismo, la obra pública financiada con fondos europeos, y un modelo de empleo precario basado en múltiples contratos temporales y afiliaciones desagregadas.

El Gobierno insiste en una narrativa optimista, pero los datos lo contradicen

Pese a la caída del número de empresas activas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene un discurso basado en la robustez del empleo y la resiliencia económica, citando las cifras récord de afiliación y el crecimiento sostenido del PIB.

Sin embargo, los datos de cotizantes reales son considerados por muchos economistas como más representativos de la salud empresarial que las cifras de afiliación o de sociedades creadas (que incluyen inactivas, pantallas o sin trabajadores). El descenso sostenido de empresas activas desde 2019 indica, según Lacalle, una pérdida de competitividad estructural y de capacidad de generación de valor desde el sector privado.

Un modelo agotado en el contexto de una creciente crisis política en España

Este deterioro del tejido empresarial llega en un momento de máxima tensión institucional y política, con:

• Un fiscal general del Estado procesado que se mantiene en el cargo.

• Investigaciones abiertas sobre presuntas tramas de corrupción que afectan al entorno del presidente y de varios ministros.

• Una judicialización creciente del Gobierno.

• Y una percepción creciente de inseguridad jurídica entre empresarios e inversores.

Todo ello configura una crisis política en España que no solo debilita la estabilidad institucional, sino que erosiona la confianza empresarial, uno de los pilares para la creación de empresas.

Más PIB, menos empresas

España está en una situación inédita: crece el PIB, aumentan las afiliaciones, pero desaparecen empresas reales. Los datos de junio de 2025 son una advertencia clara: la base productiva del país está debilitándose, especialmente en el segmento más vulnerable del tejido económico —las pymes—, mientras el Gobierno sigue proyectando una imagen de crecimiento sostenido que no se traslada al mercado real.

La recuperación post-pandemia está agotando su efecto, y sin una reforma estructural que incentive la creación empresarial, reduzca cargas y aporte estabilidad regulatoria, el país corre el riesgo de consolidar una recuperación sin empresas.