España, líder europeo en sanciones: 91 expedientes abiertos contra el Gobierno de Sánchez
Bruselas vigila con preocupación la deriva normativa del Ejecutivo español, que ya acumula 91 infracciones pendientes, la cifra más alta de la UE
El Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en el punto de mira de la Unión Europea. La Comisión Europea mantiene abiertos un total de 91 expedientes de infracción contra España, lo que convierte al país en el Estado miembro con más procedimientos sancionadores en curso, según datos actualizados por Bruselas y recogidos por Vozpópuli. Esta cifra supera ampliamente a otros países sancionados como Polonia (88), Grecia (85), Bulgaria (84) o Italia (80).
Las causas de este récord de infracciones son múltiples: bloqueo parlamentario, falta de reformas, lentitud en la transposición de normativa comunitaria, y en algunos casos, obstáculos deliberados a principios básicos como la libre circulación de capitales o la competencia.
Una legislatura marcada por el colapso institucional
El diagnóstico llega en plena crisis de legislatura, tras el rechazo parlamentario al llamado decreto antiapagones, la paralización de la ley Bolaños y el estancamiento de la reforma de la jornada laboral. Según Vozpópuli, más de un centenar de derrotas parlamentarias han minado la capacidad legislativa del Ejecutivo, en lo que se percibe como una legislatura atrapada entre la fragilidad de sus apoyos y la inercia burocrática.
Junts, socio clave del Gobierno, ya advierte de que Moncloa debe “ponerse las pilas” si quiere lograr algo más que la simple supervivencia política en los dos años que restan de mandato.
Temas sensibles: autopistas, fusiones bancarias, trabajo estacional y más
Entre los casos concretos que más preocupan a Bruselas destacan:
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La concesión de las autopistas AP-9 y AP-66 sin concurso público, en contra de la normativa europea sobre contratación.
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La intervención en la OPA del BBVA sobre Sabadell, que vulneraría los principios comunitarios sobre libertad de establecimiento y movimiento de capitales.
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Retrasos en la adaptación de la directiva sobre transparencia y predictibilidad en el trabajo.
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Falta de acción en materia de inmigración, blanqueo de capitales, justicia penal y derechos del consumidor.
Riesgos: sanciones y bloqueo de fondos
El bloqueo legislativo español no solo tiene consecuencias políticas internas. La amenaza de sanciones económicas y la paralización de fondos europeos está sobre la mesa. Según Vozpópuli, 400 millones de euros podrían verse comprometidos debido a contratos investigados por la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil).
Europa no solo reprende el desgobierno: lo considera una hipoteca legal y económica de gran calado. La credibilidad del país como socio comunitario y la estabilidad de su política económica están ahora sujetas a una vigilancia sin precedentes.