Otro escándalo del exnumero 2 del PSOE: Tiene un chalet de 1,2 millones en Perú que pagó con fondos públicos

José Luis Ábalos, exministro de Transportes y figura clave del socialismo español, ha sido nuevamente expuesto en lo que no puede describirse de otra manera que como un escándalo de manual. Esta vez, la revelación es de una magnitud difícil de ignorar: posee un chalet en Perú valorado en 1,2 millones de euros, construido con dinero público destinado a proyectos benéficos.

El inmueble, ubicado en la ciudad costera de Chimbote, fue financiado con fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con el propósito —al menos sobre el papel— de servir a personas desfavorecidas. En un acto de cinismo político que ya se ha convertido en la marca registrada del PSOE, Ábalos jamás entregó la propiedad a su legítimo destino. En lugar de ello, la registró a su nombre, omitió declararla en su patrimonio y, cuando llegó al poder, ordenó el desalojo de los beneficiarios de la ayuda pública.

Este episodio no es un caso aislado ni una mera anécdota de la picaresca política. Es la confirmación de un patrón de conducta: un político que, con absoluta impunidad, instrumentaliza el aparato del Estado para su beneficio personal, mientras sus correligionarios en el gobierno claman por la justicia social y la solidaridad internacional.

Que un ministro de España utilizara su poder para construir con dinero del contribuyente una vivienda en el extranjero y luego expulsara a quienes debían beneficiarse de ella no es solo una violación de la confianza pública; es una afrenta a los principios más básicos del Estado de derecho.

Más allá del escándalo patrimonial, este caso destapa un problema aún más profundo: la cultura de impunidad con la que operan ciertas élites políticas en España. No es casualidad que, mientras se destapan estos abusos, el gobierno de Pedro Sánchez siga con su retórica de transparencia y regeneración democrática.

Ahora, Ábalos deberá enfrentarse a la justicia. El Tribunal Supremo lo ha citado a declarar en una investigación donde la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha puesto el foco en sus cuentas bancarias y propiedades. La pregunta es si España permitirá que la ley caiga sobre él con todo su peso, o si una vez más el poder servirá de escudo para quienes lo ejercen.

Si la democracia ha de significar algo, debe significar que aquellos que saquean el erario público no puedan refugiarse tras discursos de falsa moralidad y lealtades partidistas. Este escándalo no solo exige respuestas: exige consecuencias.