Esto es a lo que se enfrenta el hermano de Sánchez, el dato que acorrala al "hermanísimo"

La instrucción que pesa sobre David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, ha dejado ya pocas dudas sobre la solidez del caso y muchas sobre su futuro penal. El auto dictado por la magistrada Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, es concluyente: David Sánchez maniobró para fabricar una plaza a su medida y, una vez dentro de la Diputación de Badajoz, hizo lo propio para colocar en un puesto clave a Luis Carrero, asesor entonces en La Moncloa y su colaborador personal en la sombra. Ambos se sentarán en el banquillo.

Dos delitos de prevaricación, dos de tráfico de influencias

A Sánchez se le atribuyen dos delitos de prevaricación administrativa —uno por la creación de su propio puesto como coordinador de conservatorios y otro por su implicación en la contratación de Carrero— y dos de tráfico de influencias, uno por cada maniobra.

En palabras de la instructora, la conducta de David Sánchez encaja plenamente en los tipos penales descritos: resoluciones dictadas "a sabiendas de su injusticia" y aprovechamiento de su vínculo con el poder para obtener beneficios personales y para terceros.

Las consecuencias legales son severas:

• Inhabilitación de hasta 15 años por prevaricación. Esto implicaría que no podría volver a trabajar en la Administración pública durante más de una década.

• Hasta dos años de prisión por tráfico de influencias, con multas económicas que podrían superar el doble del beneficio obtenido.

• Y una doble sanción de inhabilitación especial de hasta 9 años por cada delito de tráfico.

Dado que las penas individuales no superan los dos años, Sánchez, en caso de condena, no ingresaría en prisión de forma efectiva, si el tribunal opta —como es habitual en casos sin antecedentes penales— por la suspensión de la pena.

Correos, testigos y el “hermanito”

El caso no se sostiene sobre conjeturas. Lo que ha llevado a la juez a proponer la apertura de juicio oral es una documentación concreta, mensajes directos entre los implicados y declaraciones que refuerzan la tesis de la acusación.

Especialmente reveladores son los correos electrónicos entre Sánchez y Carrero, donde el primero da por hecho que el puesto será suyo, incluso antes de que se publicaran las bases de la convocatoria. “En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo”, le escribe el hermano del presidente. Carrero responde con familiaridad: “Gracias, hermanito!!”.

Ambos llevaban meses trabajando juntos, pese a que Carrero seguía cobrando un sueldo como vocal asesor en la Presidencia del Gobierno. La Fiscalía investiga si esa actividad paralela estaba justificada o si —como todo indica— su contratación pública fue un “premio” por los servicios prestados previamente.

El contexto político

No es un episodio aislado. El caso ha abierto una profunda crisis institucional en Extremadura. Entre los implicados está Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y del PSOE extremeño. También están bajo la lupa el diputado provincial de Cultura y el director de esa área, que admitieron ante la juez que la idea de crear el puesto fue de David Sánchez.

Mientras tanto, las acusaciones populares —Hazte Oír, Vox, PP, Liberum, Iustitia Europa, Manos Limpias y Abogados Cristianos— se preparan para personarse de manera coordinada, tal y como ha ordenado el juzgado.

La Fiscalía, por su parte, guarda un silencio incómodo, sin haber definido aún si presentará acusación formal. Sin embargo, el peso de las pruebas y la presión pública apuntan a que al menos las acusaciones populares solicitarán penas contundentes.

¿Qué puede ocurrir?

El tribunal de la Audiencia Provincial de Badajoz tendrá que determinar si existe una conexión material suficiente entre los delitos como para entender que uno absorbe al otro —por ejemplo, que la prevaricación se subsume dentro del tráfico de influencias— o si se computan por separado.

En cualquier caso, la sombra del tráfico de influencias es la más alargada, con consecuencias no solo jurídicas, sino políticas, por su impacto directo sobre la integridad del ejercicio del poder.

Si se mantiene la línea procesal actual, el juicio podría celebrarse antes de fin de año. Y con él, se cerrará un capítulo judicial que sitúa en el centro del banquillo al hermano del presidente del Gobierno. El precio, tanto jurídico como simbólico, está aún por determinar.