La investigación concentra ya toda la responsabilidad del accidente en Transportes y Adif
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha centrado ya la responsabilidad del trágico accidente de tren ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero en el Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, y en la empresa pública Adif, encargada de la gestión de las infraestructuras ferroviarias en España. La tragedia, que dejó 45 muertos y decenas de heridos, fue provocada por el descarrilamiento del Iryo 6189, que colisionó con un Alvia tras invadir la vía contraria, según publica El Mundo.
Las investigaciones, dirigidas por la CIAF y supervisadas también por los juzgados, han detectado un fallo en una soldadura como causa principal del siniestro. Según ha declarado Ignacio Barrón, presidente de la CIAF, la junta que unía un carril de 1989 con otro de 2023 no fue renovada adecuadamente, a pesar de que el Ministerio había asegurado que la vía había sido reformada completamente.
La ruptura de esa soldadura permitió que el tren Iryo, modelo Frecciarossa 1000, comenzara a descarrilar desde el sexto coche. Al invadir la vía opuesta, colisionó con un tren Alvia que circulaba en dirección contraria, lo que provocó un impacto brutal contra un talud. Las muescas en las ruedas del convoy y las señales de alerta previas en sensores de otros trenes ya apuntaban a una anomalía estructural en ese punto.
El propio ministro Óscar Puente ha admitido públicamente que cometió un error al comunicar la fecha de la última revisión de la soldadura, que finalmente se realizó dos meses antes de lo que se había anunciado. Además, la supuesta renovación integral del tramo ha resultado ser una reforma parcial, lo que ha levantado una gran controversia.
En el foco de la polémica se encuentra también la empresa Redelsa, encargada de las soldaduras y participada mayoritariamente por Adif junto con constructoras como Comsa, Dragados y ArcelorMittal. Dos empleados de Redelsa fueron los responsables de unir los tramos de vía cuya soldadura falló. En caso de confirmarse una negligencia técnica, la empresa podría enfrentarse a graves consecuencias judiciales.
Pese a las evidencias acumuladas, desde Transportes y Adif se ha defendido la calidad de las revisiones. Sin embargo, el discurso oficial ha sufrido cambios de versión respecto a la naturaleza de la reforma, la fecha exacta de inspección y la continuidad del mantenimiento en el tramo siniestrado.
El accidente ha generado un fuerte impacto social y político. A las puertas de eventos clave como el Mobile World Congress, la confianza en el estado de las vías de tren y en la fiabilidad del sistema ferroviario español ha quedado seriamente dañada. Además, esta tragedia se suma al creciente malestar por el uso obligatorio de la controvertida "marcha a la vista", medida impuesta por Adif tras el accidente para eludir responsabilidades legales, y que transfiere la carga de la seguridad directamente a los maquinistas.
Desde el sector ferroviario, muchos trabajadores han recordado el caso del accidente de Angrois, donde el maquinista fue condenado mientras se discutía la responsabilidad institucional. Hoy, tras la tragedia de Adamuz, los sindicatos exigen una revisión profunda del modelo de mantenimiento de infraestructuras y mayor transparencia política.
La CIAF ha anunciado que esta misma semana se publicará su segundo informe, con más detalles técnicos sobre la rotura de la soldadura, las decisiones de Adif en la planificación de obras y los procesos de inspección que no detectaron a tiempo la falla.
Mientras tanto, la presión aumenta sobre el Gobierno y sobre el ministro Puente, que intenta contener los daños políticos en un contexto marcado por críticas, demandas de dimisión y una creciente preocupación ciudadana por la seguridad ferroviaria en España.