“No entregaremos nada sin orden formal”: las eléctricas plantan cara al Ejecutivo tras el apagón
Las compañías denuncian que el Instituto Nacional de Ciberseguridad vulneró los protocolos al requerir información crítica por correo electrónico
Tras el apagón eléctrico del 28 de abril, el Gobierno inició una ofensiva informativa para recabar datos técnicos que permitan esclarecer las causas del colapso. Según desvela The Objective, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) —dependiente del Ministerio de Transformación Digital— contactó con las principales compañías eléctricas del país para solicitar información sensible a través de correos electrónicos no clasificados.
La dirección utilizada, 28a@incibe.es, fue creada expresamente para canalizar estas solicitudes. En ella se exigía a empresas como Red Eléctrica, Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Acciona Energía un listado detallado de direcciones IP públicas asociadas a la producción y distribución eléctrica. A pesar de adjuntar una clave pública para cifrado PGP, las compañías calificaron la maniobra de “barbaridad” y rechazaron colaborar fuera del cauce oficial.
Sin autenticación, sin sede electrónica, sin garantías
Varias fuentes del sector han confirmado que los técnicos del Incibe llamaron directamente a centros de control, solicitando verbalmente los datos. Ante la sospecha de suplantación de identidad —una posibilidad real en entornos donde el phishing y la ingeniería social son técnicas comunes—, los responsables de seguridad de las eléctricas se negaron a responder y exigieron el uso de canales verificados de la Administración.
La posterior remisión del correo electrónico no disipó las dudas. Las empresas alegaron la ausencia de una resolución administrativa que ampare la solicitud y subrayaron que el Incibe carece de sede electrónica para la tramitación de información protegida, algo que en palabras de una fuente interna “no tiene precedentes en la gestión de incidentes críticos”.
Una línea de actuación que compromete la ciberseguridad nacional
Las eléctricas han advertido al Ejecutivo que no entregarán documentación técnica sobre sus redes sin amparo legal ni sin garantizar la trazabilidad y el cifrado a través de canales seguros, como establece la normativa de la Ley de Seguridad de las Redes y Sistemas de Información (ENS - Esquema Nacional de Seguridad).
La paradoja no ha pasado desapercibida: es el propio Incibe, responsable de prevenir ciberataques, quien ha utilizado procedimientos inseguros y opacos. Como ha afirmado un responsable de seguridad industrial de una eléctrica afectada: “Si no ha habido un ciberataque, parece que están trabajando para que lo haya”.
La insistencia del Gobierno en la tesis del ciberataque, en entredicho
Desde Moncloa y el Ministerio que dirige Óscar López, se mantiene la tesis del ciberataque como posible causa del apagón. Sin embargo, el propio Centro Nacional de Inteligencia (CNI) —que participó en la reunión con las compañías el 29 de abril— descartó esta hipótesis en sus primeras valoraciones. También la Policía Nacional y la Guardia Civil, según diversas fuentes, apuntan al fallo interno del sistema como origen del incidente.
En contraste, la mayoría del sector energético ha coincidido en que el colapso fue causado por una sobretensión derivada de un exceso de renovables mal gestionado, lo que provocó un desequilibrio entre generación y demanda. La falta de generación síncrona —proporcionada por tecnologías como la hidráulica o los ciclos combinados— impidió estabilizar la red.
Red Eléctrica, en el centro del debate técnico
El papel de Red Eléctrica de España (REE) sigue siendo fundamental en el análisis de lo ocurrido. Sin embargo, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez apenas mencionó a la empresa pública en su intervención parlamentaria, centrándose en criticar a la energía nuclear y reafirmando su apuesta por el modelo 100% renovable.
La realidad técnica es más compleja. Documentos internos del sector eléctrico —a los que ha tenido acceso The Objective— ya alertaban desde 2020 del riesgo estructural de una red con alta penetración renovable sin respaldo firme, especialmente en días de baja demanda y fuerte producción solar.
Lo sucedido esta semana ha abierto una brecha inédita entre el Ejecutivo y el sector energético. A la falta de una versión técnica consensuada sobre el apagón, se suma ahora el intento gubernamental de obtener información clave por vías inseguras y sin respaldo legal claro.
Este proceder compromete la confianza institucional, pone en entredicho la gestión de la crisis y amenaza con escalar en un contexto político ya inflamado por otras causas abiertas —desde la investigación judicial sobre Begoña Gómez hasta el procesamiento del hermano del presidente por presunta prevaricación y tráfico de influencias.