Diana Morant, actual ministra de Ciencia, se encuentra bajo escrutinio judicial debido a su presunta participación en el mantenimiento de una ocupación ilegal durante su mandato como alcaldesa. El Juzgado de Instrucción número 3 de Gandía ha iniciado una serie de diligencias para investigar posibles delitos de prevaricación, fraude contra la administración, tráfico de influencias y malversación que involucran a la ministra de Ciencia, Diana Morant.

La juez a cargo de la investigación ha requerido al Ayuntamiento de Gandía, donde Diana Morant ejerció como alcaldesa, que proporcione documentación relacionada con un desalojo que fue bloqueado por la política del PSOE. En este proceso, también se ven involucrados el actual alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, del mismo partido, y la jefa de servicios jurídicos del Ayuntamiento, María Isabel Santapau.

El enfoque principal de la pesquisa gira en torno a los perjuicios que alega haber sufrido la empresa Inmobles Reunits de Catarroja, que había construido un edificio en la calle Perú, número 57 de Gandía. Este inmueble fue ocupado ilegalmente, y Diana Morant habría obstaculizado su desalojo a través de las autoridades policiales. Los hechos en cuestión fueron denunciados por el ex alcalde Arturo Torró en julio de 2023, quien afirmó tener conocimiento de posibles irregularidades.

En 2006, la mencionada compañía obtuvo la concesión para construir 79 viviendas de protección pública en régimen de alquiler para personas mayores, discapacitados y menores de 35 años, con una duración de concesión de 50 años. Tras la finalización de las obras en 2011, las viviendas se destinaron al alquiler, con un canon a cargo de la contratista. Entre los derechos de la concesionaria estaba el cobro de las rentas por parte de los ocupantes. Sin embargo, Diana Morant supuestamente habría intervenido para proteger a los ocupantes que no cumplían con sus obligaciones de pago.

En junio de 2015, poco después de asumir la alcaldía, Diana Morant, junto con otros concejales, se presentó en el edificio en apoyo a un grupo de manifestantes que buscaban evitar el desalojo judicial previsto para esa fecha. Según el denunciante, la Comisión Judicial de los Juzgados de Gandía que iba a ejecutar la sentencia no recibió asistencia por parte de la Policía Municipal, supuestamente por decisión de las autoridades municipales, encabezadas por Morant, en conjunto con activistas de la Plataforma Antidesahucios.

La denuncia del ex alcalde del PP califica la acción de Morant como "demagógica, populista y antidemocrática", inapropiada para la autoridad que ostentaba. Además, alega que su respaldo a "un escrache" a la comisión judicial provocó daño moral y perjuicio al patrimonio municipal que estaba bajo su responsabilidad. También se argumenta que Morant alentó el incumplimiento de las obligaciones de pago de las rentas y generó un efecto llamada.

Además, la hemeroteca registra numerosos problemas en el bloque de viviendas ocupado ilegalmente, como la falta de cumplimiento de la legalidad en la ocupación de la mayoría de las viviendas y conflictos que llegaron a desembocar en peleas y actividad de bandas juveniles que afectaron la tranquilidad de los residentes. Las quejas vecinales incluían amenazas a los niños, problemas de tráfico de drogas y una transformación del edificio en un punto de venta de estupefacientes durante el mandato de Diana Morant como alcaldesa.

Finalmente, cabe destacar que un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, seguido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dictaminaron que Diana Morant fue responsable del deterioro del inmueble público. No obstante, a pesar de que la empresa buscó que la ministra asumiera personalmente la responsabilidad financiera, un informe municipal impidió tal pretensión.