Delito, silencio y comunismo rancio en Moncloa
Pedro Sánchez blinda la información pública con casi 400 solicitudes denegadas en solo seis meses, un nuevo máximo histórico en opacidad gubernamental.
La opacidad del Gobierno de Pedro Sánchez ha alcanzado un nuevo récord en el primer semestre de 2025, según revela el análisis de datos del Portal de Transparencia. Entre enero y junio se denegaron 370 solicitudes de acceso a información pública, un 71% más que en el mismo periodo del año anterior, superando todos los registros desde que se instauró la Ley de Transparencia en 2013.
El dato no solo refleja una peligrosa deriva autoritaria, sino que consolida la tendencia de un Ejecutivo más interesado en blindarse que en rendir cuentas. Todo esto, mientras se exige a los medios transparencia en sus estructuras empresariales e inversiones publicitarias, en una maniobra claramente dirigida a silenciar la crítica incómoda.
La paradoja del plan "democrático" del PSOE
El Gobierno vendió a bombo y platillo un plan de acción democrática cuyo objetivo, supuestamente, era aumentar la transparencia institucional. Sin embargo, mientras se promueven medidas para fiscalizar a la prensa, el mismo Ejecutivo oculta datos clave sobre contratos públicos, subvenciones, relaciones internacionales y, en algunos casos, incluso sobre la seguridad nacional.
Resulta sintomático que este escudo opaco se haya intensificado justo cuando varios de los principales nombres del PSOE están siendo investigados por la justicia: Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Begoña Gómez y el propio hermano del presidente.
Comparativa: Sánchez frente a Rajoy
En contraste con esta escalada, los gobiernos de Mariano Rajoy —bajo cuyo mandato se aprobó la ley de transparencia— registraron cifras notablemente inferiores: 115 denegaciones en 2015, 106 en 2016 y 170 en 2017. En cambio, con Pedro Sánchez, las negativas superan las 400 por año, siendo 2022 el pico con 533.
Esta tendencia coincide con una judicialización creciente de la vida política española, en la que el Gobierno socialista ha convertido en norma el bloqueo informativo. Prueba de ello es la reiterada negativa a facilitar datos sobre Air Europa, Tragsa, o incluso el coste de los desplazamientos de Yolanda Díaz, que fueron revelados únicamente tras intervención del Consejo de Transparencia.
Los pretextos del oscurantismo
La ley prevé doce causas para rechazar solicitudes, pero la Administración recurre sistemáticamente a criterios como la “seguridad nacional” o los “intereses económicos” para denegar información incómoda. Entre las peticiones bloqueadas en 2025 figuran:
- Coste del traslado de inmigrantes irregulares.
- Condiciones de contratación de la expareja de Ábalos.
- Salarios de presentadores de RTVE.
- Registro de accesos a datos personales en Hacienda.
- Relaciones diplomáticas con Marruecos.
Además, la opacidad se extiende incluso a detalles menores como el número de trenes averiados en la red de Cercanías o la lista de viviendas cedidas por la Seguridad Social en Madrid.
Una cultura política del silencio
El Ejecutivo ha perfeccionado la estrategia del silencio. No solo ignora las solicitudes, sino que, en muchos casos, recurre judicialmente las resoluciones del Consejo de Transparencia. Este patrón de dilación y bloqueo convierte el derecho del ciudadano a saber en una carrera de obstáculos jurídicos y burocráticos.
Como ha ocurrido con el caso de Air Europa, cuya petición de transparencia lleva estancada desde 2021 en la Audiencia Nacional. La opacidad no es una excepción: se ha convertido en doctrina de Estado.
¿Qué esconde Moncloa?
El verdadero problema no es el dato aislado de 370 denegaciones. El verdadero escándalo es la normalización del secretismo en un régimen que se autodenomina progresista, pero que actúa con los reflejos del comunismo burocrático más rancio. Se invoca la transparencia como valor, pero se practica la opacidad como método. Y cuando esto sucede, el derecho a la información, pilar esencial de toda democracia, se convierte en papel mojado.
El lector, el ciudadano, no puede conformarse. La opacidad del Gobierno no solo es un síntoma de debilidad política, sino un peligro para el equilibrio institucional y la salud democrática del país.