Las cuentas de Ábalos empujan al Supremo a investigar al PSOE

El Tribunal Supremo ha solicitado al PSOE y al Congreso de los Diputados información detallada sobre las cantidades abonadas y donadas por el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, entre los años 2014 y 2024, tras las aparentes discrepancias detectadas entre los registros de la Agencia Tributaria (AEAT) y los movimientos bancarios documentados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Disparidad en los datos

La AEAT imputa a Ábalos un total de 44.729,29 euros en concepto de donaciones al PSOE. Sin embargo, los investigadores de la UCO solo han podido verificar documentalmente pagos por 8.471,36 euros, lo que supone un desfase de más del 81% del importe declarado. A raíz de esta diferencia, el juez Leopoldo Puente, instructor de la causa, ha reclamado a la formación política que detalle todas las aportaciones realizadas por Ábalos, indicando fechas, métodos de pago, cuentas bancarias de origen y conceptos.

Además, se ha solicitado información paralela al Congreso, que entre 2014 y 2024 abonó al exministro una retribución acumulada de 751.421 euros, aunque sus cuentas solo reflejan 79.841 euros, lo que también ha motivado un requerimiento oficial para aclarar las percepciones económicas exactas.

Origen del caso y vinculación con la trama Koldo

Estas pesquisas se enmarcan en la instrucción del caso Koldo, una trama de presunta corrupción relacionada con contratos públicos durante la pandemia y adjudicaciones de obra pública. El foco se sitúa sobre una supuesta organización formada por José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre (su exasesor) y Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE. Según los indicios recopilados, dicha organización habría recibido comisiones ilícitas a cambio de contratos amañados, parte de las cuales podrían haber sido derivadas al partido o a personas vinculadas a él.

Las grabaciones incluidas en el sumario muestran conversaciones en las que se alude a pagos encubiertos, tales como la frase «te van a pedir el impuesto», dicha por Koldo García al ex director general de Carreteras, Javier Herrero, en referencia a un presunto sistema informal de recaudación ligado a las adjudicaciones. Este "impuesto", según interpretan los agentes, podría estar relacionado con aportaciones encubiertas al partido.

Comunicado del PSOE y vías de financiación

El PSOE, tras conocerse los requerimientos del juez Puente, ha emitido un comunicado explicando que los diputados socialistas no cobran directamente del Congreso, sino del Grupo Parlamentario Socialista, y que las aportaciones voluntarias se descuentan de esas retribuciones de forma diferenciada respecto a las cuotas de militancia.

El partido también ha precisado que todas las percepciones se han declarado ante Hacienda y han sido fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, conforme a la Ley de Financiación de Partidos Políticos. En 2024, el PSOE declaró unos ingresos de 78 millones de euros, de los cuales 54 millones fueron de carácter público y 24 millones de carácter privado (incluyendo cuotas de afiliados y donaciones).

Posible delito de financiación irregular

Aunque hasta la fecha los informes de la UCO no han tipificado expresamente los hechos como un delito de financiación ilegal, sí se han acumulado indicios suficientes como para que tanto la Fiscalía Anticorrupción como el magistrado instructor mantengan la investigación abierta sobre esta hipótesis.

El juez Puente ha subrayado en sus autos que "más personas físicas o jurídicas podrían haberse lucrado" mediante el desvío de fondos públicos y que el "botín" económico de la trama podría alcanzar al menos cinco millones de euros, si se considera que las presuntas comisiones representaban un 1% del valor de las adjudicaciones cuestionadas.

Entre las entidades bajo investigación también figuran empresas como Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y Servinabar, vinculadas a algunos de los protagonistas del caso.

Situación procesal y desarrollo judicial

• José Luis Ábalos fue expulsado del PSOE en junio de 2025, tras más de 40 años de militancia.

• Santos Cerdán permanece en prisión preventiva desde hace dos semanas.

• Koldo García ha sido imputado y señalado como interlocutor clave en las gestiones bajo sospecha.

• La instrucción judicial sigue abierta y se prevén nuevas diligencias en los próximos meses, incluyendo el análisis de las fundaciones ligadas a la trama, como Fiadelso.