El reciente recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo, el socialista Ángel Gabilondo, ante el Tribunal Constitucional ha generado controversia. Este recurso, según el comunicado que envía a los medios, cuestiona la obligación de seguimiento por parte de profesionales de salud mental infanto-juvenil para menores que desean someterse a tratamientos de cambio de sexo, una medida introducida por la Ley 17/2023 de la Comunidad de Madrid. Esta acción ha sido interpretada por algunos sectores como un retroceso en la defensa de los derechos y el bienestar de los menores.

La ley en cuestión, que modifica el artículo 14.2-b) de la Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, fue diseñada para garantizar una capa adicional de protección a los menores transexuales, asegurando que cualquier decisión en torno a tratamientos hormonales se tome con el acompañamiento de especialistas en salud mental. Sin embargo, el recurso presentado argumenta que estas medidas son patologizantes y vulneran los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad de los menores.

Críticos de la acción del Defensor del Pueblo subrayan la importancia de la intervención de profesionales de la salud mental como un recurso vital para apoyar a los menores en su proceso de transición, argumentando que este acompañamiento puede ser crucial para su bienestar emocional y psicológico. La ausencia de tal apoyo es vista como una omisión en la protección de los menores, dejándolos más vulnerables a enfrentar solos las complejidades emocionales y sociales de su transición.

Además, la solicitud de eliminar esta protección ignora las realidades de los menores transexuales, quienes pueden beneficiarse significativamente del apoyo psicológico para navegar por los desafíos que enfrentan. La posición del Defensor del Pueblo, lejos de preservar los derechos de los menores, podría interpretarse como un descuido de sus necesidades específicas de salud mental, potencialmente poniendo en riesgo su desarrollo integral.

Este enfoque ha sido criticado por no solo restar importancia a la necesidad de apoyo especializado en estos casos, sino también por enviar un mensaje preocupante sobre la importancia de la salud mental en el proceso de afirmación de género. La salud mental es un componente crucial en el cuidado y el apoyo a los menores transexuales, y la obligatoriedad de seguimiento por profesionales especializados debería ser defendida como una medida de protección, no atacada como una vulneración de derechos.

La decisión del Defensor del Pueblo de impugnar esta parte de la ley ha suscitado un debate sobre el equilibrio entre la autonomía personal y la necesidad de protección especial para los menores en situaciones de vulnerabilidad. La crítica a esta acción refleja una preocupación más amplia por asegurar que los menores transexuales reciban el apoyo necesario para vivir vidas saludables y felices, libres de discriminación y con acceso a todas las formas de cuidado que necesiten.