Cristina Álvarez, la mano derecha de Begoña, participaba en encuentros académicos dentro de La Moncloa

Según información publicada por OKDiario, la investigación judicial sobre las actividades de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha sumado un nuevo foco de atención: la presencia de Cristina Álvarez, asesora de Presidencia, en reuniones privadas relacionadas con la cátedra universitaria vinculada a Gómez. El juez Juan Carlos Peinado ha imputado a la esposa del presidente un nuevo delito: malversación de caudales públicos, por la supuesta utilización de recursos del Estado con fines personales o privados.

La figura de Cristina Álvarez

Cristina Álvarez, directora de Programas de Presidencia del Gobierno, es, según el citado medio, la persona de máxima confianza de Begoña Gómez y su secretaria personal de facto. A pesar de formar parte de la estructura oficial de La Moncloa, su actividad no se habría limitado a funciones institucionales. Por el contrario, habría asistido a reuniones privadas celebradas en dependencias de La Moncloa con profesores de la cátedra universitaria liderada por Gómez.

La información procede de una comparecencia en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, donde Isabel García-Lomas, profesora del máster, confirmó ante preguntas del Grupo Popular que Cristina Álvarez estaba presente durante las reuniones en Moncloa, aunque puntualizó que “no participaba, pero estaba físicamente en el mismo habitáculo”. La implicación de una asesora institucional en espacios de gestión privada ha motivado que el juez investigue una posible desviación de recursos públicos.

La quinta imputación: malversación

Con esta nueva línea de investigación, Begoña Gómez acumula cinco imputaciones judiciales. Al tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional, se suma ahora la presunta malversación. Según el auto judicial, el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Presidencia habría tenido como fin servir a las actividades privadas de la esposa del presidente, fuera del marco institucional que justificaría dicho cargo.

El juez Peinado sostiene su decisión en testimonios y correos electrónicos en los que se sugiere una colaboración estrecha entre Álvarez y Gómez en la promoción del máster, con gestiones dirigidas a entidades patrocinadoras como Reale Seguros, que excederían las competencias de un cargo institucional.

El auto menciona expresamente que hay “datos indiciarios suficientes” para suponer que los recursos de Presidencia se habrían utilizado para fortalecer una estructura privada promovida por Gómez desde su posición como cónyuge del presidente.

Un cargo designado sin oposición

Cristina Álvarez fue, según ha trascendido, nombrada directamente a propuesta de Begoña Gómez nada más llegar Pedro Sánchez a La Moncloa, en 2018. No pasó por proceso de selección alguno, siendo una designación de confianza personal, lo que la convierte en personal eventual de Presidencia. Su inclusión en actividades como correos firmados como "colaboradora de la cátedra", su presencia en actos privados y su rol como intermediaria entre Gómez y patrocinadores constituyen parte del material indagado en el proceso.

Una investigación con ramificaciones institucionales

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ya fue citado por el juez para declarar si tenía conocimiento o responsabilidad sobre las actuaciones de Álvarez. Bolaños negó cualquier implicación directa. Sin embargo, el juez señala que la investigación debe determinar si se utilizaron estructuras institucionales para favorecer planes particulares.

En concreto, el magistrado apunta que la amistad previa entre Gómez y Álvarez, su nombramiento de confianza y la naturaleza de sus funciones efectivas podrían constituir una desviación funcional con consecuencias penales.

Conexión con el Grupo Barrabés

La cátedra universitaria impulsada por Begoña Gómez ha estado desde el inicio relacionada con empresas vinculadas a Juan Carlos Barrabés, empresario que también se encuentra imputado. Algunas personas que han declarado en la comisión de investigación han trabajado anteriormente para este grupo empresarial, lo que refuerza la sospecha de que la estructura académica habría funcionado como una plataforma híbrida de interés público-privado sin la debida separación.

Fechas clave del procedimiento

• 11 de septiembre: Begoña Gómez está citada a declarar como investigada ante el juez Peinado.

• 10 de septiembre: Cristina Álvarez, la asesora cuestionada, también deberá comparecer.

• Desde junio de 2025, la Audiencia Provincial dio luz verde a investigar a Gómez por el delito de malversación, abriendo la vía a la imputación formal.

La investigación sobre Begoña Gómez ha adquirido dimensiones institucionales, no sólo por su relación con empresas y contratos bajo sospecha, sino por el hecho de que las actividades presuntamente irregulares habrían tenido lugar en el entorno más próximo del poder ejecutivo, con uso de instalaciones y personal pagado por los contribuyentes.