La cooperación entre la Fiscalía y el Constitucional: un blindaje institucional en favor del Gobierno
La imagen proyectada por el sistema judicial español es la de una institucionalidad desequilibrada, donde los contrapesos de poder parecen subordinados a una lógica gubernamental
La pretendida despolitización de la Justicia española, invocada como objetivo prioritario en el marco del fallido pacto entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ha revelado como un espejismo institucional. Lejos de avanzarse hacia una mayor separación de poderes, lo que ha emergido con nitidez es una coordinación operativa entre el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado en beneficio directo de los intereses políticos del Gobierno de Pedro Sánchez.
Esta simbiosis entre órganos clave del Estado ha quedado especialmente evidenciada esta semana con la intervención directa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en respaldo de la controvertida maniobra del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, para frenar una cuestión prejudicial europea en relación con el caso ERE de Andalucía.
Una alianza institucional sin precedentes
Tanto el Tribunal Constitucional como el Ministerio Fiscal se han alineado en torno a una tesis jurídica y política común: evitar que los tribunales ordinarios españoles, en este caso la Audiencia Provincial de Sevilla, eleven al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una consulta sobre la compatibilidad entre el fallo del TC en el caso ERE y el Derecho comunitario. Esta alineación de pareceres —que ha desatado una tormenta legal y mediática— plantea interrogantes profundos sobre el grado de independencia institucional real de los órganos encargados de velar por la legalidad en España.
La Fiscalía, instrumento de control político
El punto culminante de esta colaboración se produjo cuando, pese a la oposición técnica y jurídica de los fiscales responsables del caso en Sevilla, el Ministerio Público emitió un informe contrario a la activación de la cuestión prejudicial europea. Este informe fue emitido por orden directa del fiscal general del Estado, quien permanece en el cargo pese a su imputación por revelación de secretos y a una condena firme por desviación de poder.
Los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, encargados de la causa ERE en la Audiencia de Sevilla, habían manifestado inicialmente que la reinterpretación del delito de malversación por parte del TC justificaba plenamente consultar al TJUE. Sin embargo, bajo presión de la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, mano derecha de García Ortiz, y del fiscal de Sala de lo Penal, José Javier Huete, se vieron obligados a modificar su dictamen para alinearlo con la estrategia política del Gobierno.
Un patrón ya consolidado
Este episodio no es un hecho aislado. Forma parte de un patrón de actuación que ha tenido otros precedentes recientes. La Fiscalía ha intervenido sistemáticamente para respaldar decisiones clave del Ejecutivo, ya sea en la revisión del Código Penal para suprimir el delito de sedición, en la validación de la Ley del 'sólo sí es sí', en la tramitación acelerada de la Ley de Amnistía, o incluso en la recusación del magistrado José María Macías, crítico con dicha norma.
Todo ello se ha producido bajo la dirección de Cándido Conde-Pumpido, un presidente del Constitucional que ha sido acusado por diversos sectores de intentar controlar el contenido de las ponencias más sensibles, asignándolas a magistrados afines como Inmaculada Montalbán o Juan Carlos Campo, también exministro de Justicia del PSOE. En este contexto, la confianza ciudadana en la imparcialidad del alto tribunal se encuentra seriamente erosionada.
Reacción de los tribunales ordinarios
Frente a esta presión institucional, los tribunales ordinarios han alzado la voz. Tanto la Audiencia Provincial de Sevilla, como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, han mostrado su rechazo frontal a las maniobras del Constitucional, defendiendo su competencia para acudir a Europa en caso de que se planteen conflictos entre la jurisprudencia nacional y la normativa comunitaria.
En el caso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Sala ha exigido al TC que justifique por escrito la legalidad de su requerimiento de documentación. Por su parte, la Audiencia de Sevilla ha calificado como anómala e incluso intimidatoria la petición de explicaciones recibida desde el Constitucional, interpretando el gesto como un intento de coacción institucional.
Cinco informes demoledores
El argumento jurídico de Conde-Pumpido ha sido desmontado por cinco informes internos del propio Tribunal Constitucional, cuatro de ellos emitidos por letrados independientes y uno —el único a favor— elaborado con numerosos matices que limitan su alcance. Todos coinciden en que el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la UE consagra el derecho de cualquier juez nacional a plantear una cuestión prejudicial, y que impedirlo vulneraría el principio de independencia judicial y podría derivar en un procedimiento de infracción contra el Reino de España.
El primer informe fue encargado por el magistrado César Tolosa, y ha sido calificado como demoledor. A él le siguieron otros dictámenes, entre ellos uno firmado por Ignacio Ulloa, ex secretario de Estado de Seguridad, que subraya que "el mero hecho de interferir o condicionar una consulta judicial a Europa constituye un atentado grave al Estado de Derecho".
Una estrategia al borde del colapso
La actuación combinada de la Fiscalía y el Constitucional ha tenido como objetivo preservar el relato de impunidad frente a los escándalos que afectan al PSOE, especialmente en un momento de máxima debilidad parlamentaria para el Gobierno. La amnistía al expresidente fugado Carles Puigdemont, la revisión del caso ERE o el intento de blindaje a miembros del Ejecutivo investigados en sede judicial, forman parte de un plan jurídico-político que choca frontalmente con las bases del Derecho europeo.
Sin embargo, esta estrategia está en riesgo de colapso. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá la última palabra sobre la admisibilidad de la cuestión prejudicial sevillana. Si el TJUE acepta el caso y concluye que el fallo del TC vulneró el Derecho comunitario, se abriría un conflicto institucional sin precedentes en la historia democrática reciente de España.