El Constitucional avala la amnistía que Sánchez pactó con Puigdemont para seguir en el poder
Una sentencia de alcance histórico: el alto tribunal respalda el encaje constitucional de la medida, con matices técnicos y reservas jurídicas
El Tribunal Constitucional (TC) ha finalizado el borrador de su primera sentencia relativa a la Ley de Amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. En este texto preliminar —redactado por la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, y respaldado por un equipo de seis letrados—, se propone avalar la constitucionalidad del grueso de la norma, si bien se introducen correcciones técnicas significativas y se desestima su aplicación en ciertos supuestos.
Una norma constitucionalmente válida, con límites
El proyecto de sentencia, que se someterá a debate y votación en el Pleno del TC el próximo 24 de junio, rechaza la impugnación global del Partido Popular (PP), quien sostenía que la amnistía carece de cobertura legal en la Constitución española. A juicio del ponente, la amnistía, aunque no prevista expresamente en la Carta Magna, puede ser legítima en el marco del principio democrático, siempre que respete los derechos fundamentales y no infrinja otros principios superiores del ordenamiento.
El documento —de más de 200 páginas— propone tres rectificaciones relevantes:
-
Prohibición de aplicación retroactiva hacia el futuro, invalidando la cláusula que permitía que la ley amparase conductas posteriores al 13 de noviembre de 2023.
-
Inclusión de actos de protesta contrarios al independentismo, por entender que su exclusión vulnera el principio de igualdad ante la ley.
-
Mayor garantía procesal en el Tribunal de Cuentas, imponiendo la participación de todas las partes personadas —y no solo del Ministerio Fiscal— en la evaluación de archivos de responsabilidad contable.
La malversación, gran ausente del fallo
Pese al respaldo general a la norma, el Tribunal no entra a valorar expresamente la inclusión del delito de malversación, al no haber sido este aspecto objeto directo del recurso planteado por el PP. Esta laguna técnica, sin embargo, no es menor. La cuestión afecta a líderes como Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Toni Comín, quienes enfrentan procesos pendientes ante el Tribunal Supremo y otras instancias judiciales por hechos vinculados a la utilización de fondos públicos durante el referéndum del 1-O.
En este punto, el Supremo ha mantenido una posición firme: la malversación con ánimo de lucro político o beneficio personal queda fuera del paraguas de la amnistía, especialmente si comporta perjuicio económico a intereses de la Unión Europea, tal como se interpreta en la legislación penal comunitaria. Esta interpretación abre la puerta a la eventual intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que podría pronunciarse sobre los límites de la ley si se plantea una cuestión prejudicial.
Repercusiones prácticas: los procesados siguen en la cuerda floja
Por el momento, los líderes independentistas procesados no verán modificada su situación procesal. Las órdenes de detención nacionales, así como las penas de inhabilitación, se mantienen vigentes, y la aplicación efectiva de la amnistía deberá ser valorada caso por caso por los jueces instructores. En paralelo, se espera una avalancha de recursos de amparo ante el propio TC, encabezados por la defensa de Puigdemont, que podrían reactivar el debate judicial en el último trimestre de 2025.
Composición y contexto del fallo
El Pleno del TC que decidirá la constitucionalidad de la norma contará con diez magistrados activos, debido a dos ausencias significativas:
-
Juan Carlos Campo, abstención por haber impulsado los indultos de 2021 como ministro de Justicia.
-
José María Macías, recusado por manifestaciones previas sobre el objeto del litigio.
La mayoría progresista (seis magistrados frente a cuatro conservadores) parece garantizar la aprobación del borrador, aunque con reservas jurídicas internas sobre los efectos prácticos de la sentencia. Desde sectores conservadores del tribunal y del ámbito judicial se ha advertido del riesgo de que la amnistía suponga una erosión en la percepción de igualdad ante la ley y de la independencia judicial.
Un conflicto multilateral: el Constitucional, Europa y la política
El impacto institucional y político del fallo es significativo. Mientras el Tribunal Constitucional ha optado por un enfoque de constitucionalidad abstracta, el Tribunal Supremo y otras instancias —como el TSJ de Cataluña o la Audiencia Nacional— exploran vías para consultar al TJUE, lo que podría desembocar en un conflicto de competencias y visiones jurídicas entre el ordenamiento español y el derecho europeo.
El Gobierno, por su parte, espera que esta primera sentencia refuerce la legitimidad política de la norma, que fue clave en la negociación con partidos como ERC y Junts. No obstante, la aplicación desigual de la amnistía y la exclusión de la malversación podrían alimentar la narrativa de “amnistía insuficiente” en sectores del independentismo, especialmente de cara a la configuración del nuevo Govern catalán.
Aunque el Tribunal Constitucional respalda el núcleo de la Ley de Amnistía, su aplicación práctica seguirá siendo objeto de intensa disputa jurídica, política y mediática durante los próximos meses —y posiblemente años—. La sentencia inaugura una etapa de litigación compleja, con múltiples frentes abiertos: desde recursos individuales, hasta conflictos interinstitucionales y el probable escrutinio del TJUE.
La decisión del TC sienta un precedente histórico en el derecho constitucional español. Su alcance final dependerá, sin embargo, del pulso sostenido entre poder legislativo, poder judicial y las instituciones europeas, en un escenario político especialmente polarizado y frágil.