El Consejo de Europa censura al Gobierno por no cumplir sus compromisos contra la corrupción y politizar la Justicia

El Consejo de Europa ha emitido este miércoles una dura advertencia al Gobierno de España por su falta de avances en la lucha contra la corrupción y la politización de la Justicia. Según el último informe del GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción), hecho público hoy tras más de 16 meses bloqueado por el Ejecutivo, España no ha implementado “de manera satisfactoria” ninguna de las 19 recomendaciones que le fueron formuladas para fortalecer la integridad institucional en el Gobierno, el sistema judicial y el Parlamento.

Uno de los aspectos más graves del informe se refiere a la designación política de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El GRECO advierte que se trata de “un tema de gran preocupación, que debe tratarse de forma prioritaria”, y denuncia que el sistema actual vulnera los estándares europeos al permitir que el Parlamento o el Ejecutivo intervengan en el proceso de selección de jueces.

“Hay que dejar a los jueces que elijan solos a sus pares”, reitera el informe, una recomendación que España no ha cumplido desde 2013.

Falta de independencia judicial y caso García Ortiz

El Consejo de Europa critica también la designación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, subrayando que la falta de reformas en su método de elección y en la duración de su mandato “perjudica la percepción de autonomía” del Ministerio Fiscal. La institución europea recuerda que este es un problema arrastrado desde hace más de una década, sin que el Gobierno haya adoptado medida alguna para corregirlo.

La preocupación se extiende a la falta de normas claras sobre el contacto entre cargos públicos y grupos de presión (lobbies). Apenas el 10% de los diputados informan de esas reuniones, a pesar de que es obligatorio. El informe señala que la situación “no es satisfactoria” y reclama que se actúe “de forma más resuelta”.

Un veto de más de un año y medio

El documento publicado hoy había sido retenido durante más de 16 meses por el Ejecutivo, hasta que el presidente del GRECO, David Meyer, exigió su liberación. Junto a este informe se ha hecho público otro, también retrasado durante 10 meses, centrado en la prevención de la corrupción entre jueces, fiscales y parlamentarios, en el que se insiste en la politización del CGPJ como el mayor incumplimiento.

Este segundo texto destaca que el Consejo de Europa recomendó revisar el marco legislativo del CGPJ para garantizar su independencia frente a influencias indebidas y reiteró la necesidad de eliminar la intervención de políticos en la elección del “turno judicial”.

Ninguna de las 19 recomendaciones cumplida

En total, el GRECO identifica 19 recomendaciones clave, de las cuales ninguna ha sido cumplida en su totalidad. Entre ellas:

• Reforzar la regulación sobre asesores del Gobierno, aplicando estándares de transparencia e integridad.

• Introducir códigos de conducta para altos cargos del Ejecutivo.

• Mejorar la independencia y recursos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

• Realizar evaluaciones estratégicas sobre riesgos de corrupción en la Policía y Guardia Civil.

«El Greco concluye que España no ha abordado de forma satisfactoria ni una sola de estas propuestas», subraya el informe.

Sobre el acuerdo PP–PSOE para el CGPJ

Los informes no evalúan el reciente preacuerdo alcanzado entre PP y PSOE para desbloquear la renovación del CGPJ, dado que su firma llegó tras la evaluación. No obstante, el Consejo de Europa aclara que incluso si se hubiese firmado antes, su valoración habría sido la misma: no hay avance mientras no se materialice una reforma efectiva del modelo de elección.

Último informe, pero con deberes pendientes

La evaluación publicada hoy pone punto final a la misión del GRECO sobre esta materia en España, pero lo hace con un claro suspenso. La institución advierte de que el caso español es un síntoma preocupante para el Estado de derecho en Europa, especialmente en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones democráticas.

La presión internacional sobre el Gobierno de Pedro Sánchez se suma ahora a la crítica doméstica y judicial, mientras los compromisos de regeneración democrática siguen, según el Consejo de Europa, completamente incumplidos.