Conde-Pumpido se reincorpora al caso del 'procés' y facilita el amparo a los líderes independentistas
El Tribunal Constitucional (TC), bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido, se dispone a admitir a trámite los recursos de amparo presentados por los líderes independentistas Oriol Junqueras, Joaquim Romeva y Dolors Bassa, condenados por el procés. Estos recursos impugnan la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no aplicarles la Ley de Amnistía en lo relativo al delito de malversación.
Según ha adelantado El Debate, la mayoría del TC no ve objeciones para admitir estos recursos, ya que consideran que el caso tiene un "interés constitucional evidente". Sin embargo, la maniobra más polémica ha sido la "auto-rehabilitación" de Conde-Pumpido, quien, a pesar de haberse apartado de todos los procedimientos relacionados con el juicio del 1-O en 2021, ahora decide intervenir.
El Supremo y la negativa a la amnistía
El pasado 1 de julio de 2024, el Tribunal Supremo denegó el borrado penal de las condenas por malversación de los dirigentes separatistas, una decisión que ratificó el 30 de septiembre del mismo año. El Alto Tribunal determinó que sí existió beneficio personal en el desvío de fondos públicos y que los hechos afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea, motivo por el cual la amnistía no era aplicable en estos casos.
Los magistrados consideraron que el destino de los fondos públicos desviados durante el referéndum ilegal del 1-O benefició a los condenados, lo que impide aplicar la amnistía conforme a la legislación vigente. En consecuencia, Junqueras, Romeva y Bassa mantienen sus condenas de inhabilitación, al igual que Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, quienes permanecen procesados en rebeldía.
La polémica auto-rehabilitación de Conde-Pumpido
Lo que ha generado una gran controversia es la decisión del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, de reincorporarse a la deliberación de estos recursos, a pesar de que en 2021 decidió apartarse voluntariamente de todos los procedimientos relacionados con el juicio del 1-O y su ejecución.
En abril de 2021, el Pleno del Tribunal Constitucional ratificó la recusación de Conde-Pumpido respecto a "todos los procedimientos e incidencias" vinculadas al enjuiciamiento y la ejecución del procés. Este apartamiento se justificó en su participación previa en el proceso como fiscal general del Estado, lo que le restaba imparcialidad.
Sin embargo, ahora el magistrado ha decidido que la entrada en vigor de la Ley de Amnistía supone una "nueva variable jurídica" que cambia las circunstancias de su autoexclusión. Según Conde-Pumpido, esta norma plantea un debate "distinto" al que en su momento le llevó a abstenerse.
Los expertos advierten: sigue siendo un "incidente de ejecución"
Sin embargo, expertos juristas consultados por El Debate sostienen que esta justificación no tiene fundamento, ya que lo que ahora se discute en el TC es un incidente de ejecución de la sentencia del 1-O.
"No ha cambiado nada sustancialmente. Conde-Pumpido sigue teniendo un conflicto de intereses en este asunto, ya que lo que se está revisando es la interpretación que hizo el Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de amnistiar la malversación", afirman fuentes jurídicas.
Este argumento es clave, ya que si la amnistía fuera un asunto completamente nuevo, podría defenderse que el magistrado tenía derecho a participar. Sin embargo, dado que se trata de la ejecución de una sentencia ya firme, Conde-Pumpido debería mantenerse apartado.
"La imparcialidad de un tribunal es fundamental para garantizar el respeto al Estado de derecho. Si un magistrado decide apartarse de una causa en 2021, no puede decidir unilateralmente reincorporarse en 2025 solo porque políticamente ahora interese más", señalan los expertos consultados.
Rechazo de la recusación del conservador José María Macías
Otro punto polémico es la recusación del magistrado conservador José María Macías, quien ha sido apartado de todos los recursos y cuestiones presentadas contra la Ley de Amnistía. Sin embargo, esta recusación no se ha extendido a los recursos de amparo presentados por los condenados del procés, lo que genera una evidente asimetría en el tratamiento de los magistrados.
Por otro lado, el magistrado Juan Carlos Campo, exministro de Justicia del Gobierno de Sánchez y redactor de los indultos del procés, sí se ha abstenido de participar en este caso, manteniendo la coherencia con su decisión previa de no intervenir en cuestiones relacionadas con la amnistía.
El papel del magistrado César Tolosa
El encargado de redactar el borrador de la providencia que dará respuesta a los recursos de amparo es el magistrado César Tolosa, ex presidente de la Sala Tercera del Supremo. Tolosa ha sido elegido como ponente de la deliberación sobre los casos de Junqueras y Romeva, mientras que Conde-Pumpido se reserva el de Bassa.
El hecho de que Conde-Pumpido se haya asignado a sí mismo la ponencia de uno de los recursos refuerza las sospechas de que el presidente del Tribunal Constitucional ha decidido intervenir directamente en un asunto que antes consideraba incompatible con su imparcialidad.
El Supremo ya llevó la Ley de Amnistía al Constitucional
Mientras el TC se dispone a admitir estos recursos, el Tribunal Supremo ya elevó una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley de Amnistía, en relación con el delito de desórdenes públicos. Los magistrados sostienen que la norma vulnera al menos dos principios fundamentales de la Constitución: el derecho a la igualdad y la seguridad jurídica.
En este contexto, el choque entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional se intensifica, con Conde-Pumpido liderando una estrategia que podría favorecer a los condenados del procés.
La decisión de Cándido Conde-Pumpido de auto-rehabilitarse en los recursos de Junqueras, Romeva y Bassa abre una nueva brecha en la independencia judicial. Para los expertos consultados, su intervención es injustificable desde el punto de vista jurídico, ya que la causa sigue siendo un "incidente de ejecución" de la sentencia del 1-O, en la que ya se había apartado.
A medida que el Tribunal Constitucional avanza en la tramitación de estos recursos, crecen las dudas sobre su imparcialidad y sobre la presión política que podría estar condicionando las decisiones del órgano de garantías. Lo que está en juego no es solo la aplicación de la Ley de Amnistía, sino la credibilidad de las instituciones judiciales en España.