Conde-Pumpido maniobra para vetar que jueces españoles acudan al TJUE contra sus sentencias
Cándido Conde-Pumpido, intenta evitar que jueces ordinarios eleven al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestiones prejudiciales que podrían desmontar sentencias clave como las del caso ERE o la futura ley de amnistía
La tensión se dispara en el Tribunal Constitucional (TC). Su presidente, Cándido Conde-Pumpido, busca apoyos de última hora para impedir que tribunales inferiores, como la Audiencia de Sevilla o el TSJ de Madrid, eleven cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra resoluciones del propio Constitucional. La iniciativa, inédita y polémica, podría tener repercusiones jurídicas sin precedentes.
Según ha podido saber Vozpópuli, Pumpido ha convocado un “debate jurídico” en el próximo Pleno del TC del 8 de abril, algo poco habitual para temas no formales, que suelen abordarse en su despacho. El objetivo: debatir si jueces españoles pueden desobedecer sentencias del Constitucional invocando el Derecho comunitario.
Este movimiento, que ha sorprendido incluso a algunos magistrados progresistas del tribunal, llega después de que tanto la Audiencia de Sevilla como el TSJM enviaran sendas cuestiones prejudiciales al TJUE. En el caso sevillano, se cuestiona la adecuación al Derecho de la Unión de las sentencias que favorecieron a condenados por los ERE, como José Antonio Griñán y Manuel Chaves.
El Supremo toma distancia y advierte
El Tribunal Supremo ha dejado claro en varias resoluciones recientes que los magistrados del TC no son inviolables y que podrían incurrir en prevaricación si dictan resoluciones injustas a sabiendas. La Sala de lo Penal ya rechazó varias querellas contra los magistrados progresistas, pero sentó un precedente: el Constitucional no es un tribunal de casación y no puede impedir el ejercicio de la independencia judicial.
La preocupación en la Corte de Garantías ha llegado al punto de que uno de sus magistrados, César Tolosa, se adelantó a Pumpido encargando a su letrada un informe jurídico. Las conclusiones han sido rotundas: el TC no puede vetar a ningún juez nacional acudir al TJUE cuando considere que una sentencia vulnera el Derecho comunitario. Hacerlo podría constituir una infracción del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la UE, del principio de primacía del Derecho europeo, y del principio de independencia judicial.
Advertencias de Bruselas y riesgo penal
Además del potencial conflicto institucional, juristas como Rafael García-Valdecasas, exmagistrado del Tribunal General de la UE, han advertido de que, si se confirma esta presión sobre los jueces, el caso podría tener una dimensión penal. Se trataría, afirman, de un intento de coacción judicial, lo que podría abrir la puerta a actuaciones por prevaricación o abuso de poder.
Desde Bruselas, la doctrina del TJUE es clara: ninguna autoridad nacional puede impedir que un juez remita una cuestión prejudicial. De hecho, el presidente del TJUE, Koen Lenaerts, ya lo expresó durante su visita al TC en 2022.
Control de la amnistía: Montalbán, la ponente ‘de confianza’
En paralelo, Conde-Pumpido ha designado, según publica The Objective, a Inmaculada Montalbán, su vicepresidenta y figura de confianza, como ponente de la sentencia sobre la Ley de Amnistía, en sustitución de José María Macías, recusado por el Gobierno. Según fuentes del tribunal, el turno natural le correspondía a Laura Díez, ex alto cargo de Moncloa, pero Pumpido ha forzado la elección para garantizar el control político y técnico de un texto crucial.
Montalbán también fue ponente de las sentencias sobre los ERE, la ley del aborto, y otras decisiones clave impulsadas por el bloque progresista. A su alrededor trabaja un grupo de cinco letrados adscritos al sector afín a Pumpido, que ya tiene avanzado un borrador para validar la amnistía por malversación antes del verano.
Una batalla por la legislatura
Todo este movimiento responde a un contexto de presión política creciente. En Moncloa confían en que el Constitucional allane el camino para aplicar la amnistía a Carles Puigdemont, condición impuesta por Junts para sostener la legislatura. La decisión del TC, prevista para junio, podría permitir el regreso definitivo del expresident fugado, lo que consolidaría la estabilidad del Ejecutivo y facilitaría la aprobación de los Presupuestos de 2026.
Sin embargo, si el TJUE admite alguna de las cuestiones prejudiciales y aplica medidas cautelares, la aplicación de la amnistía podría paralizarse, alterando por completo el tablero político.