Conde-Pumpido esconde al Pleno la suspensión judicial de un contrato de alto impacto institucional
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha mantenido en silencio ante el resto de magistrados y sin reflejo en el portal de Transparencia del órgano que el contrato adjudicado por valor de 721.799,90 euros para la organización del VI Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional ha sido impugnado y se encuentra actualmente suspendido.
El evento, previsto para el 28 al 31 de octubre de 2025 en Madrid, fue encargado por el presidente del TC a la Escuela Internacional de Protocolo S.L., mediante un procedimiento negociado sin publicidad, lo que ya despertó críticas internas y externas. Sin embargo, según ha podido saber El Debate en exclusiva, se ha presentado un recurso especial en materia de contratación, cuya consecuencia inmediata ha sido la suspensión automática del contrato, conforme al artículo 53 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Ocultación interna y falta de transparencia
Ni la Junta de Gobierno del TC —integrada por el propio Conde-Pumpido, su vicepresidenta Inmaculada Montalbán, los magistrados Concepción Espejel y Ramón Sáez, y el secretario general— ha sido informada oficialmente de esta impugnación. Tampoco figura ninguna mención en el portal de Transparencia del Tribunal, donde sí constan otros contratos menores, como el del mantenimiento del software de gestión de personal.
El silencio en torno a esta controversia adquiere mayor gravedad si se considera que el presupuesto del TC para 2025 está prorrogado, lo que convierte en sensible cualquier gasto de esta magnitud. Y sin embargo, la adjudicación se realizó por un procedimiento no abierto al público, lo que ha dado lugar a una impugnación por parte de un tercero, cuya identidad y motivación, por el momento, no han sido reveladas.
Riesgos jurídicos y administrativos
Fuentes jurídicas consultadas por El Debate coinciden en que no hay ilegalidad per se en el procedimiento elegido, pero sí se cuestiona la idoneidad del mismo: "En un contrato de esta envergadura y proyección internacional, lo deseable habría sido optar por un proceso competitivo y abierto", afirman.
Además, subrayan que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), competente para resolver el recurso, se encuentra colapsado, lo que hace prever una resolución tardía. Esta demora compromete la organización del congreso internacional, con más de 500 asistentes de múltiples jurisdicciones, y podría obligar al TC a contratar por la vía de urgencia, un escenario aún más controvertido.
Otro frente abierto para Conde-Pumpido
Este nuevo episodio se suma a los múltiples frentes abiertos por Conde-Pumpido, cuya gestión al frente del Constitucional ha sido objeto de reiteradas críticas por su opacidad y politización. A las recientes controversias sobre su intento de bloquear el acceso de jueces ordinarios al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), o su papel en la revisión de la sentencia de los ERE, se añade ahora una polémica administrativa que pone en entredicho la transparencia y la diligencia institucional en la gestión de recursos públicos.
El hecho de que no se haya informado al Pleno ni a la Junta de Gobierno, ni actualizado la información pública, podría ser considerado como una grave omisión de información relevante. Más aún cuando el evento fue anunciado con orgullo institucional ante el propio Rey Felipe VI en la nota oficial del 4 de septiembre de 2024 como una de las grandes gestas del mandato de Conde-Pumpido.