El CNI avisó: “España es objetivo prioritario del espionaje chino” antes del contrato con Huawei
El Ministerio del Interior ha adjudicado a Huawei un contrato de 12,3 millones de euros para almacenar las escuchas judiciales de la Policía y la Guardia Civil, a pesar de que el Centro Criptológico Nacional (CCN), organismo dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), había advertido de forma explícita sobre los riesgos del espionaje chino para la seguridad nacional.
La decisión ha causado preocupación en Estados Unidos, país que ha vetado a la compañía asiática en infraestructuras clave por sus vínculos con el Partido Comunista Chino (PCCh) y por la presunta vulnerabilidad de sus sistemas ante injerencias estatales.
Un contrato polémico bajo sospecha internacional
El contrato público adjudicado por Interior afecta directamente al almacenamiento de material extremadamente sensible: las escuchas judiciales vinculadas a investigaciones policiales, incluidas aquellas relativas a tramas de corrupción que salpican al entorno del presidente Pedro Sánchez. La operación ha desatado una tormenta diplomática.
Dos congresistas estadounidenses, Rick Crawford y Tom Cotton, enviaron una carta a la directora nacional de Inteligencia de EEUU, Tulsi Gabbard, alertando sobre la situación. En el escrito, califican el contrato como una “amenaza directa” a la seguridad nacional no solo de España, sino también de sus aliados en la OTAN.
Advierten que Huawei podría obtener “acceso por la puerta trasera” al sistema español de interceptación legal, lo que permitiría a Pekín monitorear investigaciones sobre actividades del PCCh en territorio europeo, incluidas redes de espionaje y operaciones de influencia.
El CNI ya había advertido en 2024 sobre el peligro
La polémica cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que el CNI ya había alertado, en un informe de octubre de 2024, de los riesgos que entraña China en el ámbito de la ciberseguridad. En su informe anual sobre Ciberamenazas y tendencias, el CCN identificó a “actores estatales chinos” como una de las principales amenazas para la seguridad del Estado.
“El sector gubernamental es un objetivo prioritario para los actores estatales chinos”, recoge el documento del CCN, que además subraya que China cuenta con un ecosistema de ciberespionaje “maduro y avanzado”, capaz de adaptarse rápidamente a los cambios geopolíticos.
El informe destacaba que estos contratistas, a menudo enmascarados como empresas tecnológicas, operan bajo las directrices del Gobierno de Pekín. Y es precisamente Huawei una de las compañías que, según denuncias internacionales, mantiene una relación directa con el PCCh a través de las leyes chinas de Inteligencia, que obligan a las empresas a colaborar con el régimen en operaciones de espionaje si son requeridas.
El Gobierno niega riesgos y defiende el contrato
Desde el Ejecutivo español se ha intentado calmar la controversia afirmando que “el sistema es estanco y no tiene conexión con el exterior”, por lo que no habría posibilidad de filtración o acceso remoto a los datos almacenados. También aseguran que la adjudicación cumple con los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad, bajo supervisión de entidades certificadoras independientes.
Sin embargo, estas garantías no convencen a los aliados internacionales, especialmente a Estados Unidos, que ha pedido revisar los acuerdos de intercambio de información con España. El temor es claro: que la información sensible que comparten los servicios de inteligencia estadounidenses pueda acabar indirectamente en manos del régimen chino.
“España está jugando con fuego”, advierten los congresistas norteamericanos. “Cada país que abre sus puertas a Huawei brinda más oportunidades al PCCh para extraer datos sensibles y utilizarlos en sus estrategias geopolíticas”.
Un nuevo frente de tensión para el Gobierno
Esta polémica se suma a una ya compleja coyuntura para el Ejecutivo de Sánchez, en plena crisis por los casos de presunta corrupción que afectan a su entorno político y familiar. El hecho de que las escuchas judiciales más delicadas puedan estar bajo control de servidores proporcionados por una empresa señalada internacionalmente por facilitar el espionaje estatal plantea serias dudas sobre la gestión de la seguridad nacional.
La decisión también ha abierto una grieta interna en el seno de las instituciones de seguridad españolas. Fuentes del propio CNI, consultadas por diversos medios, expresan su incomodidad con la adjudicación y lamentan que sus advertencias no hayan sido tenidas en cuenta en la toma de decisiones del Ministerio del Interior.