Cientos de muertos y ninguna orden: Transparencia exige a Sánchez rendir cuentas por su inacción en la DANA

Pedro Sánchez deberá dar explicaciones formales y documentadas por no haber activado la Ley de Seguridad Nacional durante la catastrófica DANA del pasado 29 de octubre, que causó 235 muertos y enormes pérdidas materiales en la Comunidad Valenciana y otras regiones. Así lo ha determinado una resolución sin precedentes del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que, a instancias de El Debate, ha fijado un antes y un después en el relato institucional sobre la tragedia climática más grave de la historia reciente de España.

Esta decisión obliga al presidente del Gobierno a justificar documentalmente por qué eludió activar los mecanismos legales que él mismo reguló y firmó, pese a contar con alertas meteorológicas desde al menos cuatro días antes de la tragedia. El dictamen señala que Sánchez deberá aportar todos los informes, comunicaciones y decisiones que expliquen su conducta, así como las gestiones que realizó (o dejó de realizar) con las comunidades autónomas afectadas y con el Consejo de Seguridad Nacional.

Un incumplimiento legal en toda regla

La Ley 36/2015 de Seguridad Nacional, en su artículo 23, establece que ante catástrofes de gran magnitud el Ejecutivo debe asumir el control operativo y garantizar la coordinación entre administraciones, algo que Sánchez no hizo. La definición de “situación de interés para la Seguridad Nacional” coincide plenamente con lo ocurrido el 29 de octubre, cuando las lluvias torrenciales arrasaron municipios enteros, provocaron cientos de muertes y dejaron miles de damnificados.

La resolución del Consejo de Transparencia afirma que el Gobierno debe entregar toda la información solicitada por El Debate, incluyendo las actas, notas, y decisiones tomadas (o no) durante la emergencia, así como las peticiones de ayuda realizadas por la Generalitat Valenciana, a la que Moncloa dejó sola.

“Hay 235 fallecidos y una ruina económica. La inacción del Gobierno debe ser investigada por los jueces”, señalan fuentes jurídicas consultadas por este medio.

Advertencias claras, omisiones evidentes

El viernes 25 de octubre, la AEMET ya advertía sobre la posibilidad de chubascos muy fuertes y persistentes en el litoral mediterráneo, señalando expresamente el martes 29 como día crítico. Pese a estas alertas, y a que la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, firmada por Sánchez, incluía expresamente las inundaciones como una de las principales amenazas para España, el Gobierno no movió un dedo.

En lugar de firmar un decreto para asumir el mando, Sánchez sí aprobó un decreto ese mismo día, pero para cambiar las mayorías del Consejo de RTVE y asegurarse su control junto a sus socios parlamentarios.

La Generalitat, no exenta de responsabilidad, pero no la única

Aunque Carlos Mazón y su gobierno autonómico también han sido cuestionados por su gestión, esta resolución deja claro que el Estado tenía competencias ineludibles y las ignoró deliberadamente. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional es tajante: las competencias de Seguridad Nacional son irrenunciables e indelegables, incluso si las CCAA también tienen responsabilidad operativa.

“Entramos en un supuesto de omisión dolosa de deberes constitucionales. Sánchez no solo no hizo nada, sino que quiso que toda la responsabilidad recayera en otros”, denuncian fuentes jurídicas del caso.

Simulacros que no sirvieron de nada

Lo más grave, según destacan estas fuentes, es que el Gobierno de Sánchez había simulado en 2019 exactamente una catástrofe de este tipo. La prueba se hizo en Huesca, con la participación del entonces ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como responsable del Puesto de Mando Operativo. Aquel simulacro preveía incluso la intervención de la UME y una coordinación nacional inmediata. Sin embargo, cuando el escenario se hizo real en octubre de 2024, Moncloa desapareció del mapa.

Una resolución que abre un nuevo camino

La resolución 2025-0301 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno obliga al presidente del Gobierno a remitir a El Debate:

• Todos los informes recibidos o generados para valorar la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional.

• Las órdenes e instrucciones dadas a sus ministros y a otras instituciones.

• Las comunicaciones con las comunidades autónomas afectadas.

• Las decisiones adoptadas (o descartadas) en el seno del Consejo de Seguridad Nacional.

Este dictamen crea un precedente jurídico pionero, que pone fin al silencio sepulcral mantenido por el Ejecutivo desde la tragedia. Ya no depende de la voluntad política de Sánchez comparecer o no: la ley le obliga a hacerlo.

“Es una victoria judicial y democrática. Se acabó la opacidad. Si no entrega los documentos, estaría incurriendo en un incumplimiento legal que debería tener consecuencias”, explican fuentes jurídicas.