Cerdán reclama la libertad y denuncia un «agravio incomprensible» frente a Ábalos y Koldo
La defensa del ex número tres del PSOE reclama su libertad inmediata tras más de cien días en prisión preventiva
El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha solicitado al Tribunal Supremo su inmediata excarcelación, argumentando que existe un «agravio comparativo» con respecto al trato judicial recibido por José Luis Ábalos y Koldo García, ambos también investigados en la misma trama de corrupción socialista y actualmente en libertad provisional.
En un nuevo escrito remitido al magistrado instructor, Leopoldo Puente, la defensa de Cerdán sostiene que mantenerle encarcelado carece de justificación jurídica tras las últimas resoluciones dictadas en el caso. «Justificamos esta nueva petición esencialmente en el devenir procesal del presente procedimiento y, concretamente, en las decisiones adoptadas los días 15 y 16 de octubre sobre la situación personal de los señores Ábalos y García», señalan sus abogados.
«Ciento siete días en prisión»
El ex número tres del PSOE cumple ya 107 días en la cárcel de Soto del Real, donde ingresó el pasado 30 de junio por orden del Supremo, acusado de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
El juez Puente decretó entonces su ingreso en prisión por riesgo de fuga y por la posibilidad de destrucción o manipulación de pruebas, dada su condición de alto cargo del partido y su presunto papel central en la trama.
Sin embargo, la defensa subraya que, a la vista del desarrollo del proceso y de las medidas adoptadas sobre el resto de investigados, «no existe argumento constitucional que permita prolongar ni un día más la situación de prisión del señor Santos Cerdán».
El «agravio» con Ábalos y Koldo
El escrito compara directamente la situación del ex dirigente navarro con la de sus antiguos compañeros de filas. Tanto Ábalos, ex ministro de Transportes, como Koldo García, su ex asesor, han sido mantenidos en libertad pese a que el juez reconoció que en ambos casos persistía un “riesgo creciente de fuga”.
A ellos, sin embargo, se les impusieron medidas cautelares menos gravosas: retirada del pasaporte, comparecencias quincenales ante el juzgado y prohibición de salir de España.
Por ello, la defensa de Cerdán recalca que «si el magistrado no aprecia riesgo de destrucción de pruebas en Ábalos o en García, resulta difícil entender qué acciones de destrucción ha podido realizar en carácter exclusivo mi cliente».
Sin pruebas patrimoniales directas
En su argumentación, los abogados de Cerdán insisten en que no existe evidencia alguna que lo relacione directamente con el flujo de dinero investigado.
El último informe patrimonial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que rastreó los movimientos económicos de Ábalos, detectó gastos irregulares por 95.000 euros, pero no menciona a Cerdán en ningún punto.
«No se puede afirmar que haya existido pago alguno de Cerdán a Ábalos», sostiene la defensa, que considera que las pruebas aportadas hasta ahora «no permiten sostener ni la imputación ni la prisión preventiva».
Una prisión sin causa y con impacto político
Los letrados de Cerdán denuncian también que su «inmunidad parlamentaria» fue vulnerada, al haberse iniciado la investigación antes de su renuncia como diputado. Afirman que su detención e ingreso en prisión han tenido «un importante impacto sobre la actividad del poder legislativo y la estabilidad del Gobierno», al tratarse de un dirigente clave en la estructura orgánica del PSOE.
El escrito subraya que la causa ha derivado en un procedimiento de carácter político más que penal, y que las decisiones adoptadas por el magistrado «rompen la igualdad de trato procesal entre los investigados».
El juez Puente, en el centro del caso
El instructor, Leopoldo Puente, ha sido el encargado de revisar las medidas cautelares de todos los implicados en el caso PSOE. Esta semana decidió mantener en libertad provisional tanto a Ábalos como a García, tras sus respectivas comparecencias en el Supremo.
Pese a que ambos se negaron a declarar, el juez entendió que las diligencias practicadas hasta ahora ya habían recabado suficiente documentación y que no existía riesgo inmediato de destrucción de pruebas.
Cerdán, en cambio, permanece en prisión preventiva, aunque el propio magistrado dejó entrever en una resolución reciente que no agotará los seis meses máximos previstos por la ley. Si no se produce antes una decisión de excarcelación, su libertad debería materializarse antes del 30 de diciembre.