Cerdán buscó al fiscal una semana antes de destaparse las grabaciones sobre mordidas

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, actualmente en prisión preventiva, buscó un encuentro con el fiscal Ignacio Stampa apenas una semana antes de que OkDiario revelara que aparecía en grabaciones hablando de comisiones ilegales vinculadas a adjudicaciones de obra pública, según publica el mismo medio.

Según la denuncia presentada por el propio Stampa ante la Fiscalía Provincial de Madrid, la cita se concertó para el 7 de mayo, cuando Cerdán aún ocupaba su cargo en la cúpula socialista. Sin embargo, en lugar de él acudió Leire Díez, su colaboradora en Ferraz, junto al empresario Javier Pérez Dolset. La reunión se produjo ocho días antes de la publicación de la exclusiva sobre las grabaciones realizadas por Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, que registró de forma sistemática sus conversaciones con Cerdán como medida de autoprotección.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incautó estos dispositivos en febrero de 2024, y el material obtenido fue clave para el informe remitido al juez del Supremo Leopoldo Puente. En él se señalaba a Cerdán por su papel en la supuesta “gestión” de comisiones. El informe se conoció el 12 de junio, día en el que el dirigente socialista presentó su dimisión.

De acuerdo con un decreto de la Fiscalía, en la reunión del 7 de mayo Díez y Pérez Dolset ofrecieron a Stampa “ayuda supuestamente gubernamental” para sus litigios a cambio de información sobre “investigaciones sensibles” de la Fiscalía Anticorrupción. Stampa grabó el encuentro, y la Fiscalía pide ahora al juzgado competente que abra diligencias, incorpore las pruebas y cite a los dos intervinientes como investigados.

Semanas después, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón solicitó prisión sin fianza para Cerdán, al que situó como líder de un “eficaz y duradero sistema de corrupción a gran escala” en adjudicaciones públicas. El 30 de junio, Cerdán ingresó en la cárcel de Soto del Real acusado de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Su defensa solicitó su libertad alegando una “causa general” en su contra, pero la Fiscalía insistió en mantener la prisión preventiva ante el riesgo de fuga y destrucción de pruebas.