El cerco judicial aprieta: Begoña, más cerca de la cárcel
El caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, cuenta con un precedente judicial que podría complicar su situación procesal. Una sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2014 condenó a dos concejalas del PSOE en Paiporta (Valencia) a un año y medio de cárcel por malversación, uno de los delitos que se le imputan a Gómez, según informa The Objective.
En aquella resolución, el Alto Tribunal estableció que el uso de empleados públicos para fines particulares, incluso en una sola ocasión, supone un perjuicio económico para la Administración. Las concejalas aprovecharon la jornada laboral de trabajadores municipales para mudanzas, limpieza y arreglos en sus viviendas privadas, lo que el Supremo calificó como una transgresión «a todas luces injustificable».
El tribunal dejó claro que la malversación de caudales no solo afecta al dinero público, sino también al uso indebido de los recursos humanos y materiales del Estado. En palabras de la sentencia, «cuando se traspasan los límites de la legalidad, aunque sea un poco, ya no hay límite en la medida que se está en el campo de la ilegalidad».
Paralelismo con el caso Gómez
Fuentes jurídicas ven un paralelismo directo entre aquel precedente y la investigación sobre la esposa de Pedro Sánchez. La clave está en la labor de su asesora en Moncloa, contratada a petición de Gómez y cuyo salario —52.000 euros anuales— se cubría con fondos públicos. Aunque su función debía limitarse a tareas de protocolo y asistencia institucional, la investigación apunta a que asumió gestiones propias de una asistente personal y empresarial.
Entre las pruebas documentales figuran correos electrónicos en los que la asesora de Gómez contacta con empresas vinculadas a la cátedra de la Universidad Complutense que dirigía la mujer del presidente, solicitando mantener patrocinios o coordinando actividades privadas. La propia empleada reconoció haber realizado «favores puntuales», algo que, según el precedente del Supremo, no excluye la posible comisión de un delito.
Fiscalía y UCO en tensión
La Fiscalía se ha opuesto a que la UCO analice todos los correos de Gómez, calificando la medida de «desmesurada». Sin embargo, el juez instructor mantiene el foco en el papel de la asistente, cuyas funciones podrían encajar en la tipificación de malversación si se confirma el uso de recursos públicos en beneficio particular.
El caso se agrava por la existencia de comunicaciones concretas en las que se invoca directamente a Begoña Gómez para garantizar apoyos a su actividad académica. Un escenario que, a la luz del precedente de 2014, coloca a la esposa del presidente en una posición judicialmente comprometida.