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El Diario de Cantabria

Una causa cargada de polémica y archivada con gran malestar

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, sale de los Juzgados tras declarar este miércoles. EFE/Luca Piergiovanni
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, sale de los Juzgados tras declarar este miércoles. EFE/Luca Piergiovanni
Una causa cargada de polémica y archivada con gran malestar
 La jueza Carmen Rodríguez-Medel ha decidido archivar provisionalmente la causa abierta por las manifestaciones celebradas en Madrid entre el 5 y el 14 de marzo pese al coronavirus, sobre todo la del 8M, un procedimiento exprés que ha cerrado -al menos de momento- con un reproche.

La magistrada titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid cree que no hay "suficientes indicios de delito" para seguir investigando al único imputado, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un posible delito de prevaricación administativa.

Y no los hay porque, según ha comprobado la magistrada, nadie le avisó del riesgo que corría la población si asistía a manifestaciones esos días. Pero la jueza está convencida de que esos eventos aumentaron "indiciariamente" el riesgo de contagio y pese a ello Franco mantuvo una "permanente y absoluta inactividad jurídica".

Por eso, la magistrada acuerda el archivo provisional de la causa, pero deniega el sobreseimiento libre al que aspiraba la Abogacía del Estado, en un auto contra el que cabe recurso, algo que ya han anunciado las tres acusaciones, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena y el primer denunciante, Víctor Valladares.

Con ese reproche de la jueza al delegado del Gobierno se cierra, al menos por el momento, una causa tramitada durante el estado de alarma, la mayor parte de ella con los plazos procesales suspendidos y que ha generado una crisis en el Ministerio del Interior cuyas consecuencias aún están aún por dilucidar.

La jueza decidió abrir el procedimiento el 23 de marzo a raíz de una denuncia de un particular, Víctor Valladares, dirigida contra Franco por prevaricación y lesiones por imprudencia y poco después la centró solo en el primero de esos delitos.

La magistrada comisionó a la Guardia Civil para realizar un informe sobre lo ocurrido y a partir de este se desató la tormenta dentro del instituto armado, en Interior y, en general, en la vida política del país.

El informe de los agentes -que ejercían como policía judicial y, como tal, solo podían rendir cuentas ante la jueza- incluía severas críticas al Gobierno -no solo al delegado en Madrid- por no haber reaccionado antes. En una ampliación del mismo, los guardias civiles afirmaban que el Ejecutivo era consciente del riesgo que existía desde principios de febrero.

La cuestión es que a raíz de ese informe, Interior cesó al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos.

Después de varias explicaciones confusas (en un primer momento limitadas a una reestructuración del cuerpo), el ministro Fernando Grande-Marlaska atribuyó el cese a la filtración del informe a la prensa (fue publicado antes de que lo recibieran las partes), pero la oposición ve un intento de injerencia en la labor judicial y reclama su cese o dimisión.

Esa tormenta política dio una inesperada relevancia a un procedimiento judicial que hasta el momento había tenido escaso eco mediático y que tenía visos de acabar en archivo, como finalmente ha ocurrido.

Incluso Vox emprendió la vía judicial contra los responsables directos del cese, el secretario de Estado de Interior, Rafael Pérez, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, pero un juez de Madrid zanjó su intento al inadmitir la querella por no apreciar indicios de delito.

Dentro del instituto armado, el malestar con el ministro motivó la renuncia anticipada del número dos del cuerpo, el director adjunto operativo Laurentino Ceña, quien adelantó una semana su jubilación, pero dejó una carta muy crítica con el cese de Pérez de los Cobos.

No son esos los únicos enfrentamientos que se han producido a raíz de esta causa, dado que tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía han reprochado a la jueza su celeridad en la instrucción de la misma.

Ni Rosa María Seoane (la representante de los servicios jurídicos del Estado en la causa del procés y abogada de Franco en esta causa) ni los fiscales entendieron que la jueza ordenara diligencias y llegase incluso a citar a declarar a Franco como imputado cuando estaban suspendidos los plazos procesales por el estado de alarma.

Según su interpretación, eso impedía al investigado recurrir las decisiones de la jueza, lo que en la práctica le causaba indefensión.

La magistrada, en un auto anterior al dictado hoy, rechazó esas acusaciones y defendió su actuación para evitar demorar procedimientos "innecesariamente en el tiempo, especialmente, ante el previsible colapso judicial que se avecina".

Incluso, llegó a reprochar las "reticencias" del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que dirige Fernando Simón, a la hora de entregar la documentación reclamada reiteradamente por los investigadores de la Guardia Civil. No obstante, en dos ocasiones rechazó extender la investigación a Simón.

Ahora, con la misma celeridad que siempre ha considerado necesaria, la jueza ha decidido archivar provisionalmente la causa apenas dos días después de la declaración del delegado del Gobierno y horas después de tomar declaración como testigos a los convocantes de otras manifestaciones aquellos días, quienes negaron haber recibido presiones de la Delegación para desconvocar.

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