Buruaga y los barones del PP exigen elecciones a Sánchez en la Conferencia de Presidentes
Buruaga ha exigido la disolución inmediata de las Cortes, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de haber agotado su legitimidad y de gobernar "de espaldas a la mayoría social"
La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha sido una de las voces más firmes en la Conferencia de Presidentes celebrada en el Palacio de Pedralbes. Su mensaje, claro y directo: “La situación que vive nuestro país es insostenible. Disolver las Cortes y dar la voz al pueblo es lo único sensato”. Esta petición, respaldada por los barones del Partido Popular, ha convertido lo que debía ser una cita de cooperación territorial en un pulso político directo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Una acción coordinada y sin disimulos
Lo que se ha vivido en Barcelona ha sido una ofensiva política en toda regla. Hasta 13 de los 20 gobiernos autonómicos presentes –todos liderados por el PP o por fuerzas afines– pidieron de forma sincronizada la convocatoria de elecciones generales. Un gesto sin precedentes recientes, que se produce tras semanas marcadas por el escándalo de presuntas maniobras políticas del entorno socialista contra la Guardia Civil y la Fiscalía, lo que ha elevado la tensión institucional.
Alfonso Rueda (Galicia), Juanma Moreno (Andalucía), Fernando López Miras (Murcia) y la propia Buruaga fueron algunos de los más tajantes. “El presidente no tiene ni mayoría parlamentaria, ni capacidad legislativa, ni autoridad moral para seguir gobernando”, sentenció Moreno. Por su parte, López Miras lo calificó de “cuestión de sentido común”, y apuntó a la imposibilidad del Ejecutivo de aprobar siquiera los Presupuestos como un signo de bloqueo político.
Buruaga arremete también contra la política de vivienda de Sánchez
En su turno, la presidenta cántabra no solo exigió elecciones, sino que también cargó con dureza contra la propuesta estatal de vivienda presentada por Sánchez días antes. “La intervención estatal está asfixiando el mercado y estrangulando la oferta”, afirmó. Para Buruaga, la ley de vivienda del Gobierno no solo invade competencias autonómicas, sino que, además, impone “medidas coercitivas a propietarios y niega a los jóvenes el acceso a la propiedad”.
Acusó al Ejecutivo de querer perpetuar un modelo de ciudadanos “dependientes de un alquiler estatal de por vida”, y denunció que se pida a las comunidades un esfuerzo extra de 2.700 millones mientras “el Ministerio de Vivienda no ejecuta ni lo que tiene”. Como alternativa, propuso liberar suelo, agilizar licencias, ofrecer incentivos fiscales y desbloquear la ley antiokupación.
Otro de los focos fue la financiación. Buruaga denunció un “modelo injusto, insuficiente y caducado”, acusando al Gobierno de imponer competencias sin dotarlas presupuestariamente. En ese sentido, criticó duramente la condonación de deuda pactada entre PSOE y ERC para Cataluña, y alertó: “Cantabria no va a pagar la fiesta separatista”.
La presidenta expuso cifras que, a su juicio, evidencian el agravio: mientras el Estado asumiría 1.369 euros por cántabro, en Cataluña serían 2.135. “Cada cántabro pagará 523 euros más como español, y cada catalán 307 menos”, denunció. En su opinión, el modelo debe negociarse desde la multilateralidad, y no con acuerdos bilaterales “a la carta”.
Tensión, crispación y gestos con mensaje
La jornada estuvo marcada por un clima de alta tensión. Ayuso abandonó la sala cuando se habló en euskera y catalán. Se enfrentó verbalmente a la ministra Mónica García, y la acusó de no querer saludarla “como si fuera una asesina”. Frialdad en los saludos, caras largas y una sensación general de que el foro se convirtió en un ring de confrontación más que en un espacio de diálogo.
Pedro Sánchez, en su intervención, pidió “honestidad y espíritu constructivo” y dejó claro que no cederá: las elecciones serán en 2027. “Respetaremos los tiempos democráticos”, insistió, mientras trataba de recuperar el eje de propuestas con iniciativas como limitar la proliferación de centros privados de FP o aumentar la inversión en educación infantil con 175 millones de euros del Fondo Social Europeo.
El 8 de junio, la calle hablará
La petición masiva de elecciones no fue una acción aislada. Desde la sede nacional del PP ya se ha marcado el próximo paso: una gran manifestación en Madrid este domingo 8 de junio, bajo el lema “No queremos mafia, queremos democracia”. En Génova lo explican así: “Hoy se lo decimos en Barcelona. El domingo se lo diremos en la Plaza de España. Elecciones ya”.
La oposición ha dejado de esperar una rectificación del Gobierno y ha activado su maquinaria para trasladar la batalla política a las calles. El choque institucional se agudiza, y España entra así en una fase de alta polarización en plena legislatura.